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Enrique Viale
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Enrique Viale (no superó las internas PASO)

Partido: Proyecto Sur

Se recibió de abogado en el año 2000 en la Universidad de Buenos Aires (UBA), luego realizó estudios de posgrado en la misma casa de estudios y se especializó en Derecho Ambiental. En el año 2004 funda, junto a otros jóvenes colegas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA). Fue docente en la Facultad de Derecho (UBA) e invitado en otras universidades. Es un crítico del modelo de “desarrollo” basado en el crecimiento ilimitado, impulsor de los Derechos de la Naturaleza y ha acuñado el concepto de “extractivismo urbano” para referirse al rol de la especulación inmobiliaria en las áreas urbanas y peri-urbanas que desplaza población, acumulando territorio por desposesión y con daño ambiental generalizado, con características similares a las realizadas por las megamineras y el agronegocio. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental en distintas partes del país donde ha enfrentado en Tribunales a la Barrick, a Monsanto, Chevron y al grupo inmobiliario IRSA, entre otras corporaciones. Participó como letrado patrocinante en la histórica causa que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (conocida como causa “Mendoza”) y es abogado de la Asamblea del pueblo de Jáchal (San Juan) en las querellas penales contra Barrick por los derrames de cianuro en la mina Veladero Fue un activo impulsor de la Ley de Glaciares durante su trámite parlamentario luego del veto presidencial participando en la debate de las comisiones en las cámaras del Congreso Nacional. Fue expositor en numerosas debates, encuentros, congresos y foros en diversos puntos de la Argentina, Latinoamérica y Europa. Recorre el país permanentemente acompañando las luchas ciudadanas y asamblearías que defienden sus territorios de la megaminería, del avance de la soja transgénica y el agronegocio, del desmonte de la explotación de hidrocarburos no-convencionales (fracking) y en defensa de los bosques nativos. Es autor de diversos artículos especializados en Desarrollo, Política, Derecho y Justicia Ambiental publicados en el país y en el extranjero.

Cuestionario

Género

¿Creés que debería elevarse a 50% el cupo femenino para cargos electivos?

Sí, contribuiría a promover la igualdad de género.

El cupo femenino es una herramienta fundamental para profundizar la igualdad de género en los estamentos que más resistencia vienen manifestando, como lo son los partidos políticos y aquellos lugares concretos donde se ejerce el poder como los cargos electivos. Muchas personas señalan que defender el cupo es forzar procesos que invierten la desigualdad, o que proponen una igualdad sin calidad, frente a estas posturas nosotros/as pensamos que las mujeres no sólo están preparadas sino que hay que si no participan de las listas es porque hay todo un sistema que se dedica a excluirlas. Acompañar este tipo de herramientas fuerza a cambiar otros hábitos como son la participación política y el respeto de su ejercicio por las compañeras, además de garantizar la representatividad que hoy no tienen en las cámaras y gobiernos ejecutivos.

¿Creés que debería crearse un registro único de trabajadoras sexuales?

No, pero se debería crear un mecanismo que proteja a las trabajadoras sexuales de los agresores .

La idea de un registro único de Trabajadoras Sexuales no nos parece que sea un mecanismo válido para proteger a las personas que ejercen la prostitución por varios motivos: en primer lugar, porque afirmar la creación de semejante registro supone asumir que todas las trabajadoras sexual o mujeres, trans y travestis en situación de prostitución quieren estar registradas como tales cuando sabemos que el debate por la regulación de la prostitución es uno de los más candentes dentro del movimiento feminista, fundamentalmente por la complejidad del cruce que existe entre víctimas de tráfico para la explotación sexual, prostitución autónoma y prostitución como único recurso de supervivencia. En segundo lugar, para quienes quieran salir de esta situación o lo vivan como un estigma, la idea de un registro único se presenta como la afirmación de una situación de la cual se quiere salir, exponiendo aún más a estas personas y permitiendo nuevas clandestinidades. Finalmente, nos parece que existen otras herramientas para proteger a las trabajadoras sexuales, comenzando por la derogación de los edictos que criminalizan el ejercicio de la prostitución o permiten las detenciones arbitrarias.

Seguridad

¿Creés que se debe bajar la edad de imputabilidad a 14 años?

No, se debe mantener en 16 años

Lo primero que quisiéramos plantear es que consideramos que el problema de la seguridad, en su sentido más amplio,no debe afrontarse desde el punitivismo sino desde un abordaje social que enfatice principalmente en la relación existente entre la desigualdad y la comisión de delitos. En el caso de los y las menores de 18 años, esta mirada debe ser mucho más profunda, no solamente porque responde al principio de interés superior de niños y niñas, sino por el altísimo nivel de vulneración de derechos a los que la infancia es sometida, en particular aquella en condición de pobreza. La baja de edad de imputabilidad es una medida regresiva y absolutamente contraria a los compromisos asumidos por Argentina al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Niña y los/as Adolescentes. Contrario a esta medida, Argentina debe hacer todos los esfuerzos para superar el paradigma tutelar y adecuar su sistema conforme al de protección integral de derechos. Antes que una ley que continúe criminalizando a nuestra infancia, es necesaria una reforma del régimen de minoridad, aunque diametralmente opuesta a la propuesta por el actual gobierno. Se debe avanzar hacia una ley de justicia penal juvenil, que derogue la ley 22.278 de la dictadura y que esté en línea con las garantías que exige la Convención Internacional. Actualmente, el régimen de minoridad permite que a los menores de entre 16 y 18 años se les apliquen las mismas penas que a los mayores, aunque sin las garantías procesales correspondientes. Para los menores de 16 años, aun siendo no imputables, está vigente el sistema tutelar que implica que los jueces, con un alto grado de discrecionalidad, puedan determinar las penas a aplicar, pudiendo incluso decretarla privación de la libertad. La necesaria ley de justicia penal juvenil, debe contemplar medidas de seguimiento en libertad de los menores; justicia restaurativa e instancias de mediación y justicia comunitaria, dejando a la privación de la libertad con criterios de absoluta excepcionalidad y corta duración y siempre respetando las garantías procesales.

¿Creés que las fuerzas de seguridad deben monitorear las actividades en Internet?

No, sólo cuando un juez se lo ordene

Los casos de monitoreo de actividades privadas de internet deben ser limitadísimo a la existencia de causas judiciales, y deben atender a que sea una fuente de prueba válida y pertinente; es decir, que solo se debería indagar si internet y la navegación y usos que allí se hagan pueden incidir en lo que se busca. Si así no fuera, y si no hay causa ni denuncia, el monitoreo de las prácticas personales, libres y privadas de utilización de internet es una violación al derecho de privacidad y de expresión.

¿Creés que las Fuerzas Armadas deberían colaborar en la lucha contra el narcotráfico?

No, es inconstitucional que las FFAA intervengan en asuntos civiles

El pasado reciente de la historia argentina evidencia que no existe ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos civiles.

¿Creés que debería prohibirse que haya manifestaciones con los rostros cubiertos?

El candidato se abstuvo de responder esta pregunta preguntale, ¿qué opinas?

¿Creés que el Estado debería prohibir los cortes de ruta, calles y/o avenidas como forma de protesta?

El candidato se abstuvo de responder esta pregunta preguntale, ¿qué opinas?

¿Creés que los policías fuera de servicio deberían portar su arma reglamentaria?

El candidato se abstuvo de responder esta pregunta preguntale, ¿qué opinas?

Salud

¿Creés que el aborto debe ser legal?

Sí, debe ser legal, seguro y gratuito

Las muertes por aborto clandestino deberían ser suficientes para dar cuenta de la necesidad de legalizar el aborto. Sin embargo, la resistencia a que esto suceda nos obliga a tener que explicitar mayores detalles como lo es el hecho de que las mujeres que mueren son en su mayoría pobres, o que muchas de las personas que se oponen a la legalización son quienes se enriquecen con la clandestinidad o si decidieran hacerlo podrían pagarlo. En Argentina se calculan más de 500.000 abortos por año. Continuar con su prohibición sólo nos lleva a sostener una posibilidad para pocas, donde el riesgo de muerte lo sufre una mayoría que de nuevo es femenina y pobre. La regulación, seguridad y gratuidad garantizarían un derecho sin distinción de clase y nos permitiría reconocer los dispositivos que fallan y concluyen en embarazos no deseados. Creemos en la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito junto a la distribución de métodos anticonceptivos y la profundización de modo federal y laico de Educación Sexual Integral.

¿Creés que debería despenalizarse la tenencia de marihuana para consumo personal?

Sí, estoy a favor del consumo privado irrestricto

Argentina debe empezar a transitar la construcción de una democracia cada vez más garante de la igualdad y en simultáneo de la soberanía y las libertades individuales. La despenalización del consumo y tenencia de marihuana para consumo personal es una medida a favor de ello que debe, sin embargo, estar acompañada por la despenalización del autocultivo como política que promueva el desmonte paulatino de las redes de tráfico de drogas. Apoyamos la regulación del uso de la marihuana reconociendo que experiencias como la de Uruguay han demostrado que dicha medida genera una disminución importante en la violencia asociada al narcotráfico y en los niveles de consumo; y que la exclusión de la marihuana del mercado de drogas previene el ingreso de más personas al mercado de sustancias toxicológicas más riesgosas como el paco o la cocaína.

¿Creés que la vacunación debería ser voluntaria?

No, pero se deberían difundir más los riesgos

Creemos que la vacunación debe ser entendida como un derecho de la ciudadanía. Es históricamente en todo el mundo una de las políticas más efectivas en materia de salud pública. Evita muertes, enfermedades transmisibles y epidemias. Y no se trata solo de una decisión que repercute individualmente sino socialmente. Pero debe profundizarse en sus riesgos y posibles efectos adversos.

Educación

¿Crees que el Estado debería seguir manteniendo un sistema de educación superior gratuito?

Si, la educación superior gratuita es un derecho que tiene que mantenerse

La Universidad pública, libre y gratuita es uno de los grandes derechos conquistados en nuestro país. Garantizar la democratización del acceso a la Universidad pública y gratuita se convierte en una herramienta fundamental de transformación social que debemos defender.

Ganancias

¿Creés que los jueces y fiscales deberían pagar impuesto a las ganancias?

Si, son trabajadores como todo el resto

Cualquier sistema impositivo con privilegios es injusto para el conjunto de trabajadores y trabajadores. Sumado a ello, según la ley de Presupuesto 2017, la exoneración del impuesto a las ganancias a jueces y personas empleadas del Poder Judicial le cuesta al Estado más de 5 mil millones de pesos anuales. En estos dos sentido, y teniendo en cuenta a su vez que el poder judicial es uno de los sectores cuyos funcionarios/as tienen mayores privilegios laborales y salariales; consideramos que no debe existir exenciones para el pago de dicho impuesto que, valga decirlo, es el gravamen más progresivo, equitativo y redistributivo del sistema tributario.

Agroindustria

¿Creés que el Estado debe prohibir el uso de agroquímicos en las cosechas?

Si, los agroquímicos son nocivos para la salud

En la cosecha 1948-1949, el país utilizaba sólo 10 mil litros de agroquímicos. Esa cifra aumentó a 3,5 millones en la década del ‘60. Pero a partir de 1996 (con la autorización oficial de la semilla transgénica de soja) llegamos a una situación inédita: en 20 millones de hectáreas de soja transgénica se vuelcan 69 millones de agroquímicos tradicionales más los 300 millones de litros de glifosato que se utilizan actualmente. El sistema del agronegocio se sostiene sobre la base de negar y ocultar las consecuencias en la salud y los ecosistemas de los agrotóxicos, repitiendo ciegamente falsedades publicitarias difundidas por las mismas corporaciones transnacionales que proveen los pesticidas y las semillas transgénicas: “El glifosato es como agua con sal”, llego a decir el ministro Lino Barañao. Así nos han naturalizado producir y consumir alimentos (o sus insumos básicos) utilizando cantidades crecientes de veneno. Como si los herbicidas no actuaran sobre los humanos, como si nuestros sistemas biológicos procedieran de un camino evolutivo totalmente diferente al del resto de los seres vivos. Han invertido el “principio precautorio”, columna vertebral del Derecho Ambiental, y lo han convertido en el “principio temerario”: si algo deja buenas ganancias, no importan las consecuencias. Debe comenzarse inmediatamente la transición a un sistema agroecológico que garantice soberanía alimentaria y una agricultura con agricultores que produzca alimentos sanos, seguros y accesibles.

¿Creés que se debería permitir la libre importación de productos agrícolas?

El candidato se abstuvo de responder esta pregunta preguntale, ¿qué opinas?

¿Creés que la Argentina debería ingresar a la Alianza del Pacífico?

El candidato se abstuvo de responder esta pregunta preguntale, ¿qué opinas?

Culto

¿Creés que el Estado debería seguir subsidiando a la Iglesia Católica?

No, la Iglesia Católica debería autofinanciarse

El Estado Argentino, en base al artículo 2 de la Constitución y a normativas emitidas durante la última dictadura cívico militar, solventa jubilaciones especiales, subsidios por cada seminarista, el pago de los sueldos de obispos y arzobispos; la remodelación de las propiedades de la iglesia católica, los subsidios a las escuelas y colegios religiosos, la cesión por parte del Estado de numerosos terrenos, edificios públicos y otros inmuebles que se han adicionan al ya enorme patrimonio de la iglesia católica. Sin además tener que pagar ningún impuesto o tributo al país. La laicidad es uno importante principio de la democracia. La separación del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes creencias son fundamentales para la consolidación del Estado Social de Derecho. Mientras sigan existiendo este tipo de prebendas, el Estado seguirá generando un estatus que privilegia al catolicismo frente a las demás religiones; atentando de esta manera contra el laicismo, contra la defensa del pluralismo ideológico y de culto y contra el establecimiento de un marco legal que prohíba la interferencia de instituciones religiosas en las grandes decisiones públicas. Todas ellas reglas fundamentales del Estado de Derecho.

Deuda externa

¿Creés que es preocupante que el Estado aumente su deuda externa?

Si, aumentar la deuda externa es perder soberanía

Estamos convencidos que debe realizarse una investigación integral y exhaustiva de la deuda externa argentina. La mayoría de esta deuda no tiene justificación económica, administrativa ni financiera.

Ingreso Básico Universal

¿Creés que el Estado debería garantizar un Ingreso Básico Universal?

Si, debería ser un derecho para todas las personas

Si, el Estado debe garantizar un ingreso básico universal para todas las personas que habitan el suelo argentino. La Igualdad económica es precondición para la Igualdad política, social y cultural. Nuestra profunda convicción es que la Igualdad sin libertad es esclavitud y la libertad sin Igualdad es dominación de unos pocos sobre la mayoría.

¿Creés que otorgar asignaciones familiares puede ayudar a reducir la pobreza?

El candidato se abstuvo de responder esta pregunta preguntale, ¿qué opinas?

Minería

¿Creés que se debería promover la actividad minera a cielo abierto?

No, la minería a cielo abierto causa daños ambientales irreparables

En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ambiental. Esta se expande hoy en Argentina en una decena de provincias, que incluyen desde Salta y Jujuy hasta la patagónica Santa Cruz, pasando por la región cordillerana, la precordillera y las estribaciones. Fue a partir del andamiaje jurídico montado en los noventa —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país. Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral. Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo total de la energía de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW). Con estas características, en la medida en que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, la energía y otros recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se implanta; se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad. El emprendimiento minero Veladero, en San Juan, está operando sobre glaciares y ambiente periglacial, tal como se desprende del propio Informe de impacto ambiental realizado por la empresa. Esto convierte allí a la actividad en ilegal, al contradecir la Ley de Protección de Glaciares, que establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre esas superficies. Recordemos que fue este emprendimiento minero en San Juan el que provocó, en septiembre pasado, el peor incidente minero ambiental de la historia de nuestro país al contaminar con 5 millones de litros de solución cianurada la cuenca del río Jáchal. Hecho que, a pesar de su brutalidad y su flagrancia, aún permanece impune. El destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, a su vez, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Por ejemplo, América Latina produce el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, produce el 45,1% y consume el 6,1 por ciento. Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 por cuento. A esto hay que agregar que la minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería. Y en Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que posibilita que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En efecto, en las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo. Después de casi 20 años de explotación de La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo). Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan —elegida como modelo del lobby minero—, que, a pesar de tener en funcionamiento hace muchos años algunos de los mayores emprendimientos mineros del país y de la transferencia de la nación durante los últimos años del doble de recursos per cápita que la media nacional, la pobreza y la indigencia (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos) son las más altas de su región y se mantienen en mayor proporciones que las provincias vecinas que no desarrollan la actividad. En esta provincia, la empresa Barrick, por Veladero (la mina más grande de la provincia), paga en San Juan sólo US$ 1,7 por cada US$ 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del total de ingresos provinciales. La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500 personas en forma directa, sólo el 1% del total del empleo en esa provincia. Lo cierto es que pese a las reiteradas promesas del sector, la minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura. Por su parte, no existe en el mundo ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, como tampoco hay lugar en el mundo donde se desarrollen (o intenten) proyectos de megaminería y no haya gran conflictividad social. Esto es algo que no puede ser negado o minimizado ni siquiera por el lobby minero, a lo largo de toda América Latina y de la geografía de los países del sur en general, a medida que se fue ampliando la frontera minera y que aumentó la cantidad de proyectos de extracción de oro, cobre y otros minerales, los conflictos territoriales y ambientales provocados por esta actividad también se multiplicaron. Cada proyecto minero desencadena, de por sí, un proceso conflictivo que no cesa ni aun cuando este es momentáneamente paralizado, ni cuando se hubiere agotado el ciclo de vida del yacimiento. El sistemático ataque a las libertades individuales más básicas para imponer este modelo conlleva a un nuevo capítulo de violación de derechos humanos en nuestro país que reduce al mínimo los alcances de la propia democracia. En suma, esta actividad está concentrada en unas pocas empresas transnacionales, que generan una exigua mano de obra, cuya producción está orientada de modo exclusivo a la exportación masiva de minerales (sin valor agregado), con altísima conflictividad social. Dejan como herencia pasivos ambientales durante y tras el cierre de las minas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio) que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones. Con este contexto, resulta preocupante la obsesión del nuevo Gobierno Nacional en llevar la gran minería a las provincias en que la cual está expresamente prohibida por ley. En efecto, entre los años 2003 y 2011, gracias a la resistencia y movilización de las poblaciones afectadas, fueron varias las provincias que sancionaron leyes que prohíben la minería con uso de determinadas sustancias tóxicas. Van por las zonas donde hay resistencia social intentando “convencer” a las poblaciones. Los primeros objetivos parecen ser la meseta de la provincia de Chubut, Mendoza y La Rioja. Ese el rol asignado al ministro Sergio Bergman, que al principio parecía confuso, casi risueño al admitir su total desconocimiento de la materia ambiental. Por otra parte, si el kirchnerismo tenía una relación connivencial con el lobby de la minería transnacional esta administración directamente los metió dentro del gobierno: Daniel Meilán fue designado como Secretario de Minería de la Nación. Su principal antecedente es como funcionario del área durante el gobierno menemista, que marcó el inicio del modelo megaminero vigente. Asimismo, nombró como Subsecretario de Minería de la Nación a Mario Capello, un reconocido lobbista de las transnacionales mineras y que actuó directamente contra la Ley de Protección de Glaciares. En conclusión, resulta vital prestar especial atención a las largas luchas ciudadanas que están marcando huellas históricas en la defensa de los territorios en nuestro país y son las que vienen teniendo desde hace años un debate serio sobre la problemática a través del trabajo reflexivo de los compañeros en las manifestaciones, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades, en definitiva, marcando caminos alternativos.

Precios

¿Creés que el Estado debe incidir en la formación de precio de los alimentos?

Sí, el Estado deber tener políticas activas para incidir en los precios de los productos

En primer lugar, la acción política y la gestión económicas se justifican esencialmente en función de poder de dar respuesta y resolver las necesidades y problemas del conjunto de la sociedad. En ese sentido, hay determinados aspectos que a hacen a la vida diaria y a la realización de las personas que resultan ineludibles y deben ser atendidos, como ocurre con la alimentación. Resulta sumamente irresponsable dejar el tema en manos del mercado y de la economía privada, con sus desigualdades y vaivenes. El Estado debe mediar para que cada ciudadano/a pueda acceder a alimentos variados, saludables, de calidad y a un precio justo, y que quienes trabajan para garantizar que esos productos estén disponibles también puedan contar con una retribución de acuerdo a su esfuerzo. Se debe dar prioridad a los productos que integren una canasta nutricional básica y esencial, que contemple además la diversidad de la población (alimentos aptos para personas con celiaquía –sin trigo, harina, cebada ni centeno, también una oferta que no provenga de fuente animal, etc.), como así también pensar en volúmenes de producción que puedan satisfacer en primer lugar las necesidades de quienes habitan nuestro país, y que el excedente pueda ser exportado y así contribuir no solo con la necesidades de otros pueblos que demanden nuestra producción sino con nuestra propia balanza comercial.

Reforma política

¿Creés que las empresas deberían poder realizar aportes a los partidos políticos?

No, no deberían poder realizar ningún tipo de aporte.

La financiación de las campañas electorales por parte de empresas y empresarios/as históricamente ha tenido como contracara el condicionamiento de los intereses públicos a favor de los privados. Si bien la financiación personal no está penada por ley, hay aportes empresariales desorbitantes a campañas electorales. Los números de la campaña presidencial en el FPV y Cambiemos, por ejemplo, se encuentran judicializados por la imposibilidad de justificación tanto de uso como de origen de fondos, entre otras sospechas. La financiación empresarial suele ser entendida como intercambio de favores, males de la política tradicional que nuestro espacio está decidido a erradicar.

¿Creés que se debería utilizar Boleta Única Electrónica en elecciones nacionales?

No, pero se debería implementar sistemas más modernos de recuento de votos

El sistema más efectivo, seguro, transparente, ágil, y que además ahorra material en relación al actual mecanismo, es el de la boleta única de papel, en la que cada elector/a pueda ver allí todas las categorías de cargos en juego y todos los nombres posibles para luego marcar con una birome o similar las opciones deseadas con una marca o tilde. Este sistema reúne todas las ventajas descriptas al inicio. La opción electrónica aún no está libre de sospechas de manipulación y ha sido cuestionada en distintas partes del mundo.

¿Creés que el Congreso debería intervenir en la fusión de empresas de telecomunicación como caso Clarín-Telecom?

No, la fusión debe detenerla el Ente Nacional de Comunicaciones

Es necesario respetar la ley de servicios de comunicación audiovisual sancionada en 2009 y además es preciso mejorarla. A su vez, ante un caso inminente el ENACOM debería intervenir en función de lo negativo que resulta la tendencia monopólica en el sector de las telecomunicaciones, algo que ya viene padeciendo el país y que se ha acentuado en los últimos tiempos.

Empresas
Inmigración

¿Creés que debería restringirse la permanencia en el país a inmigrantes con procesos judiciales iniciados?

No, todas las personas son libres de ingresar, permanecer y salir del país

El sistema de derechos y garantías debe ser igual "para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino" como reza nuestro Preámbulo. Artículo 20 de la Constitución Nacional: "Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.

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