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La corrupción es un problema de larga data en Argentina.

En los últimos años no hizo más que empeorar y llegó a niveles, como los actuales, en el que afecta la calidad de la democracia, el desarrollo económico, la vida y la seguridad de cada uno de nosotros.

No es un tema fácil, porque el acomodo, el arreglo, la coima y otras malas costumbres están demasiado arraigadas entre los argentinos; tanto en el Estado como en la sociedad.

Para colmo, nos hemos acostumbrado a la corrupción. Entre otras cosas porque el tema no está en la agenda política. Y no está, fundamentalmente, porque al gobierno nacional no le conviene, ya que la primera gran verdad que afloraría en una discusión pública es que en materia “transparencia”, o lucha contra la corrupción, la gestión del gobierno ha sido pésima y que las cosas han empeorado por esa causa.

Muchas medidas que el gobierno debería haber tomado, porque lo obligan los tratados internacionales, no se hicieron.

De las pocas cosas que se hicieron, la mayoría fueron sólo “puestas en escena”; y lo poco rescatable que hay tiene bases institucionales demasiado endebles, que comprometen su continuidad.

Ante ello, lo primero que tenemos que hacer es no resignarnos a vivir en la deshonestidad, reconocer lo serio que es el problema de la corrupción y trabajar juntos por una mayor transparencia. Y que se termine la impunidad de quienes se han enriquecido a costa de todos los argentinos.

El desafío es grande, pero hay muchísimo que se puede hacer contra la corrupción. La condición para ello es un gobierno honesto, decidido y que sepa cómo cambiar.

Nuestro gobierno nacional, desde su primer día, el 10 de diciembre de 2011, va a promover grandes cambios a través de una política integral en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, cuyos cinco (5) pilares son:

 

1º Política General de Transparenta para toda la Administración Pública Nacional.

Si la corrupción está tan extendida y parece hoy tan difícil de cambiar es, en primer lugar, porque no ha habido la menor voluntad política de que el gobierno se auto imponga reglas claras y efectivas a favor de la transparencia. El su primer día, nuestro gobierno pondrá en marcha una estrategia general destinada a prevenir actos y prácticas de corrupción. Para ello, se pondrá en vigencia el Protocolo de Transparencia en la información, las decisiones y las contrataciones públicas, mediante un decreto presidencial.

Ese instrumento establecerá requisitos muy exigentes en materia de publicidad de los actos administrativos, acceso a la información pública y rendición de cuentas.

Entre las disposiciones de este protocolo se incluirán reformas al actual sistema de contrataciones y licitaciones públicas, para que sean de verdad públicas.

Nuestro Protocolo de Transparencia se combinará con una estrategia general de modernización administrativa, que incluirá avances sorprendentes en materia de gobierno electrónico. Pretendemos provocar un cambio decisivo en esta materia, estableciendo:

1. la contratación en línea, abierta, transparente y competitiva, de todas las obras públicas, bienes y servicios que necesita el Estado nacional;
2. la racionalización y reingeniería de los principales trámites burocráticos personales y empresarios, para informatizar y resolver en línea el 70 % de los requerimientos ciudadanos;
3. la puesta en línea de toda la información presupuestaria, de atribución y cambio de partidas, así como el detalle de su ejecución dinámica y los cuadros de control que permitan el seguimiento de la gestión en general y de cada repartición u obra en particular.

A través de esas acciones, los gastos del Estado y las obras públicas podrán ser auditados y conocidos por todos. La ejecución de las obras no será un misterio, sino que podrá ser seguida por cada ciudadano interesado y, especialmente, por las organizaciones de la sociedad civil.

Una mayor apertura de los procesos de toma de decisión y una efectiva rendición de cuentas de las acciones de gobierno, ante los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, son fundamentales en la lucha por la transparencia. Por ello estableceremos audiencias públicas y espacios de diálogo, obligatorios para todo el gobierno, como paso previo a decisiones que afecten derechos e intereses ciudadanos de gran importancia (medio ambiente, salud, educación, etc.).

También se establecerán espacios en los cuales los objetivos de gestión serán materia de consulta; del mismo modo que promoveremos la participación social en la evaluación y el seguimiento de las políticas en curso.

Esta política estará acompañada de una decidida política de recuperación de los activos fruto de actos de corrupción, que actualmente están en manos de funcionarios, ex funcionarios y testaferros. Para lo cual instruiremos especialmente a la Procuración del Tesoro de la Nación, y a través de ésta a todo el cuerpo de abogados de la Administración Pública Nacional.

2º Cooperación internacional.

Actualmente, nuestro país está en falta con la comunidad internacional en materia de políticas de transparencia, debido a que no se ha cumplido con la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención Interamericana contra la corrupción, ni los acuerdos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Nuestro gobierno va a avanzar en el cumplimiento de esos acuerdos internacionales, para lo cual va a solicitar la cooperación de los organismos regionales y de Naciones Unidas, así como la observación y ayuda de las ONGs internacionales interesadas en la materia.

 

3º Control de los subsidios públicos y las transferencias a las provincias, las municipalidades y las organizaciones sociales

Algunos de los grandes agujeros de discrecionalidad y corrupción conservados y explotados por el gobierno nacional en estos años son: a) el manejo de los subsidios a los servicios públicos, a la producción, al consumo (etc.); b) los fondos que son girados a las provincias y a los municipios por decisión unilateral del gobierno; y c) las sumas de dinero entregadas a organizaciones sociales para su redistribución y la provisión de diversos servicios sociales (viviendas, pequeña obra pública, etc.).

Los niveles de discrecionalidad y corrupción que existen actualmente pueden y deben terminar. De ello depende la calidad de nuestra democracia y nuestro federalismo, así como la equidad social y el desarrollo económico.

Por ello, para terminar con esas malas costumbres, escapar de la tentación autoritaria y cumplir con la Ley de Ética Pública (1999), vamos a poner en funcionamiento la Comisión Nacional de Ética Pública.

A esa comisión independiente vamos a encargar la vigilancia de todas las decisiones que tome el gobierno nacional sobre la distribución de subsidios, así como sobre transferencias a las provincias y los municipios.

También corresponderá a la Comisión Nacional de Ética Pública controlar la asignación de fondos públicos a las organizaciones sociales, así como vigilar la ejecución de las obras y la prestación de los servicios que les corresponda.

Todo ello, de forma coordinada con otras instituciones de control, con el objetivo de prevenir actos discrecionales en la asignación de los recursos y hechos de corrupción en su aplicación.

En este último aspecto, la Comisión de Ética Pública contará con la colaboración de la SIGEN, a cargo de la cual estarán expertos, cuyos informes volveremos a hacer públicos.

Paralelamente, junto a la Comisión de Ética Pública, nuestro gobierno fijará “premios y castigos” (materiales y simbólicos) a las municipalidades, las provincias y las organizaciones sociales que reciban transferencias del Estado Nacional, según el grado de transparencia y eficacia demostrados en la ejecución de los recursos y la prestación de los servicios.

Además, encomendaremos a la Comisión Nacional de Ética Pública el estudio y la propuesta de nuevos sistemas para la asignación de estos recursos, que sean la vez permanentes, ágiles y trasparentes; y que prevean adecuados mecanismos de control y de rendición de las cuentas.

4º Una estrategia coordinada.

Una política de transparencia eficaz debe integrar acciones de diversas agencias públicas, algunas especialmente encargadas de la lucha contra la corrupción y otras que ejercen tareas de regulación y control en espacios específico.

Para lograr esa coordinación, será necesario promover algunas reformas institucionales y cambios de dirección en las instituciones existentes.

Por un lado, en el caso de la Oficina Anticorrupción (OA) –que depende de la presidencia- es muy claro que ha habido una deliberada decisión política de impedirle cumplir con sus funciones.

Para cambiar eso, dictaremos un decreto modificatorio del Nº 102/99, estableciendo un mecanismo público y transparente para la designación del titular de la Oficina Anticorrupción (que aplicaremos para la designación de quien deba encabezar esta oficina durante nuestro gobierno) y dotaremos a este organismo de mayores facultades de intervención y capacidades para coordinar acciones con otras instituciones del PEN, así como con la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Auditoría General de la Nación y otros organismos de control.

En el caso de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de vigilar y denunciar el “lavado de dinero”, ocurre lo mismo que en la OA. Por eso, en la designación del titular de la UIF aplicaremos un mecanismo público y transparente. Y promoveremos la reforma del art. 8 de la ley 25.246 para que esa designación deje de ser una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, pasando a ser una decisión compartida –como mínimo– con el Congreso Nacional y otorgando un papel relevante en el Consejo Asesor de esa entidad a organismos representativos de la sociedad civil.

Esas reformas, que apuntan a restablecer el normal funcionamiento de las oficinas específicas que se ocupan de la política anti corrupción, estará acompañada por una estrategia general de apertura e interconexión de todos los registros públicos, de las bases de datos y de las fuentes estadísticas.

Para ello, estableceremos mecanismos de cooperación eficaces, que sumarán los esfuerzos y la información del Banco Central, la AFIP, la Dirección Nacional de Datos Personales, la Superintendencia de Seguros, los registros de la propiedad y todas las oficinas públicas que puedan efectuar una contribución en la lucha contra la corrupción.

5º Promover cambios en los otros poderes del Estado y en las leyes;

El Congreso Nacional debe recuperar su función en materia legislativa, pero también como institución que controla a los otros poderes del Estado.

Ello requiere, por supuesto, que el Poder Ejecutivo respete la independencia del Poder Legislativo y deje de inmiscuirse de manera espuria en sus deliberaciones y sus trámites. Lo cual, una vez más, depende sobre todo de la voluntad política del presidente; lo cual -en nuestro caso- está garantizado por nuestras fuertes convicciones republicanas.

Al mismo tiempo, será necesario dotar al Poder Legislativo de mayores capacidades técnicas y políticas para cumplir con sus funciones; apuntando a la elaboración de una agenda legislativa en línea con las necesidades primordiales de la sociedad y del Estado, aumentando la estabilidad y competencia de sus equipos, creando más y mejores espacios para la deliberación transparente y la búsqueda de acuerdos.

Ello debe reflejarse en una jerarquización de las oficinas del congreso encargadas de controlar al Ejecutivo; especialmente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.

A la vez, aumentaremos las facultades de control, inspección y acceso a la información de la Auditoría General de la Nación, según lo manda la Constitución Nacional; al tiempo que daremos a la oposición el papel que legalmente le corresponde en ese organismo.

Para que el Poder Judicial cumpla una función útil en la investigación y sanción de la corrupción, del mismo modo, es indispensable que sea independiente.

Para ello hará falta, en primer lugar, un gobierno que abandone las prácticas extorsivas y las manipulaciones que hoy se usan para someter la voluntad de los jueces.

A la vez, será necesario fortalecer las capacidades del propio Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura para mejorar la administración de justicia, adecuar la actuación de los tribunales a las exigencias de la sociedad actual y ejercer un eficaz control y sanción de la corrupción y la ineficiencia en ese poder del estado.

El lugar que actualmente ocupa un representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, será asignado a una persona experta con antecedentes notables, que será seleccionada a través de un mecanismo público y deberá actuar según lo dicte su saber y su deber institucional.

Al mismo tiempo, promoveremos una reforma integral del Consejo de la Magistratura; entre otros fines para crear en su seno un “defensor del pueblo” especial, que cumpla un rol activo en la superación de las deficiencias del sistema de justicia e investigue a los magistrados en el ejercicio de sus funciones y estudie los resultados del sistema de justicia en general, para eventualmente formular recomendaciones a los responsables o denuncias ante el Consejo de la Magistratura.

También tendremos una política destinada a devolver al Ministerio Público Fiscal la independencia que la Constitución le asigna y proponemos que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas recupere las facultades de intervención en causas por corrupción que le fueron restringidas por el actual Procurador General de la Nación.

También en procura de una mayor transparencia, promoveremos la derogación de toda la legislación de emergencia, que ha venido sirviendo al Poder Ejecutivo como pretexto para arrogarse funciones legislativas, sortear controles y decidir en lugar del Congreso (sobre todo en materia de presupuesto).

A la vez, propondremos cambios en el actual sistema de control parlamentario de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), para prohibirlos durante los períodos de sesiones del Congreso y fijando su caducidad si no obtienen una ratificación expresa del Poder Legislativo, en un plazo determinado.

Limitaremos al mínimo indispensable los poderes del Jefe de gabinete en materia presupuestaria, regularemos con mayor rigor sus deberes en materia de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, le impondremos mayores obligaciones ante los pedidos de información del Congreso y buscaremos institucionalizar canales de intercambio de opiniones e información permanentes entre las comisiones del Congreso y las agencias análogas del Poder Ejecutivo. Y crearemos la Oficina de Presupuesto del Congreso para que el Poder Legislativo participe activa e informadamente en la elaboración de la ley de presupuesto.

Nuestro compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción determina una de las grandes diferencias que mantenemos con la actual administración.

Ese compromiso es condición necesaria para que exista un cambio en el estado corrupción generalizada que hoy padecemos. El cual es consecuencia, en gran parte, de la política de negación, ocultamiento e impunidad del actual gobierno.

Este cambio empezará cuando nos convenzamos de que no es normal vivir así, en medio de tanta deshonestidad. No sólo porque es inmoral, sino porque la corrupción empeora todo: la educación, la salud, la seguridad, el transporte… todo.

El cambio seguirá si la sociedad quiere. Y para eso debe elegir un presidente que asuma este mandato y lo haga cumplir, de arriba hacia abajo, hasta al último funcionario de la administración pública.

Será posible el cambio si, una vez en el gobierno, llevamos adelante una apertura general y coordinada de los espacios de gestión y decisión ante los otros poderes del Estado, los ciudadanos, sus organizaciones y las instituciones independientes de control. Para todo lo cual hacen falta convicciones y voluntad.

Nosotros tenemos esas convicciones y ellas determinan nuestra voluntad política de cambiar este “modelo de corrupción”, que además de causar subdesarrollo económico e injusticia social, produce un círculo de inmoralidad que afecta gravemente la democracia, la libertad y la seguridad de los argentinos.