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El contexto en el cual se desenvuelve el sector energético se caracteriza por el hecho fundamental que en su conjunto se encuentra en una declinación productiva persistente. Esa declinación productiva no es ni accidental ni obedece a una situación de coyuntura que pueda superarse con el mero transcurso del tiempo. Tal declinación es la consecuencia de políticas erróneas seguidas con posterioridad al gobierno constitucional del presidente Raúl Alfonsín y de la que fue parte fundamental la privatización de YPF, que ha tenido consecuencias perniciosas para el país. Las políticas mencionadas han creado un problema estructural que abarca cinco aspectos: políticos, institucionales, legales, técnicos y tarifarios.

El sistema está manejado con visión cortoplacista, no planificado a largo plazo, con inversiones que se encuentran retrasadas y, como consecuencia, exhibe un funcionamiento técnicamente deficiente con perspectivas a agravarse. La conclusión es que estamos en una decadencia irreversible.

Entendemos que se trata de un problema múltiple cuya solución es compleja y debe ser abordada atacando a todos los frentes en forma simultánea y con continuidad en la aplicación de reglas que deberían constituir una Política de Estado. La misma debe ser elaborada para la defensa del interés nacional entre los actores políticos, económicos, sociales y académicos y aplicada con continuidad a través de las diferentes administraciones gubernamentales.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ENERGÉTICA

El sector energético afronta muy serios problemas estructurales que se describen a continuación. Los mismos solo podrán ser superados mediante la instrumentación de políticas realistas, sustentables y sostenidas en el tiempo que consideren el carácter estratégico de esta actividad.

1) Los hidrocarburos, que representan casi el 90 % del total de la energía primaria consumida por la Argentina, presentan una situación altamente comprometida: la producción de crudo en nuestro país disminuye desde 1998; la caída productiva respecto a aquel año supera al 25%. Si esa disminución productiva no se revierte, dependeremos cada vez más de la importación.

2) Las reservas comprobadas disminuyen tanto en petróleo como en gas natural y no se han descubierto nuevos yacimientos de tamaño significativo en los últimos 16 años. Lamentablemente la exploración de riesgo, el verdadero corazón de la actividad, muestra un notable retroceso en las últimas dos décadas mostrándonos una performance decreciente que es muy urgente revertir: en 1988 Argentina realizó, por parte de la YPF estatal, 103 pozos exploratorios; en 1998 se hicieron 75 pozos exploratorios; en el año 2008 se hicieron sólo 54 pozos exploratorios, y en el 2009, fueron 59 pozos. No se han hecho las inversiones necesarias.

Los precios del petróleo en 1998 eran en promedio, para los crudos de la canasta OPEP, 12 u$s/barril, muy inferiores a los precios promedio 94 u$s/b registrados en 2008, 61 u$s/b en 2009 y 74 u$s/b hasta el primer semestre de 2010, y las alzas posteriores consecuencia de las crisis políticas en importantes países productores lo que revela que la Argentina no aprovechó ni aprovecha el período de precios altos del crudo para realizar inversiones exploratorias en su territorio.

3) La producción gasífera doméstica está en decadencia desde 2004, en la presidencia de Néstor Kirchner y, con la demanda interna en ascenso, nuestro país necesita recurrir a importaciones crecientes de gas natural para abastecer sus consumos futuros, sin que existan proyectos desarrollados para tal fin por falta de planificación energética. Debe tenerse presente que la Argentina es un consumidor intensivo de gas natural y que este combustible representa el 50% de nuestro balance de energía primaria, lo cual la ubica entre los primeros puestos en el nivel mundial.

4) La Argentina ha perdido ya el autoabastecimiento energético que logró en 1985 y que exhibió durante dos décadas, hecho muy negativo que al concretarse debilita también en forma significativa los saldos de la balanza comercial.

5) Las refinerías argentinas no se han ampliado en los últimos años y operan al máximo de su capacidad instalada, siendo necesario recurrir en forma creciente a la importación de gas oil para abastecer nuestro mercado interno.

Estas deficiencias en el funcionamiento productivo son padecidas por la población, la industria, el agro y el transporte en las épocas del año en que escasean el gas oil y el gas natural. Los efectos negativos de esta crisis han sido bien visibles en el invierno del año 2010.

6) El sector eléctrico, el otro gran componente del sector energético, ha demostrado tener serias dificultades para ampliar la oferta en nueva generación: el sector privado invoca que no está en condiciones de invertir y el Estado cuando lo hace, a través de Enarsa por ejemplo, actúa en forma no planificada y recurriendo las más de las veces a costosas soluciones de urgencia como unidades de pequeño tamaño, consumidoras de hidrocarburos líquidos, importados, de alto costo, compradas en forma simultánea y ubicadas en diversos puntos de la red.

El funcionamiento del sistema eléctrico se torna crítico cuando se dan situaciones de bajas o altas temperaturas o cuando las reservas hidráulicas son bajas. El problema obedece tanto a la insuficiente generación, como a las limitaciones de los sistemas de distribución en los grandes centros urbanos.

En síntesis, el sistema está manejado con visión cortoplacista, no planificado a largo plazo, con inversiones que se encuentran retrasadas y, como consecuencia, exhibe un funcionamiento técnicamente deficiente con perspectivas a agravarse. La conclusión es que estamos en una decadencia irreversible.

Todo ello obedece, sin duda, a un proceso anormal de la ampliación de la oferta productiva: no existen inversiones en cantidad y calidad suficientes para garantizar el abastecimiento de una demanda doméstica creciente (ver cuadro Nº 1); por otra parte es bien perceptible el claro declive del sistema productivo del sector energía (Cuadro Nº 2).

7) En relación a los precios y tarifas de la canasta energética, la Argentina hace un uso intensivo e indiscriminado de los subsidios al consumo de energía y al transporte. Los subsidios han sido crecientes y existen dudas sobre la sustentabilidad del sistema. Los subsidios a la energía representaron en 2007 el 57 % de total, y los correspondientes al sector transporte - que también tienen una raíz energética- alcanzaron al 28% del total. Ambos sectores son responsables del 85 % del total de las transferencias a empresas del sector público y privado. Las estimaciones del total de subsidios del año 2008 realizadas por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) indican $ 16.208 millones para el sector energía y $ 8746 millones para el sector transporte. Los subsidios indiscriminados han tenido efectos redistributivos contraproducentes beneficiando más a los que menos lo necesitan distorsionando las señales de asignación de los recursos del sector. La ampliación de la capacidad instalada no sigue a la demanda y proviene casi exclusivamente de la inversión pública subsidiada y no planificada.

DEBE CESAR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SECTORIAL

Si bien la crisis de fines de 2001 obligó a declarar la situación de emergencia, este estado se prolongó en forma arbitraria e innecesariamente dando lugar a las siguientes distorsiones:

1) No se cumple la legislación de fondo del sector y la misma es reemplazada por una cantidad excepcional de normativa complementaria de dudosa eficacia.

2) Las instituciones, particularmente la Secretaría de Energía y los Entes Reguladores sectoriales, están debilitadas y supeditadas a otras instancias gubernamentales. Es perjudicial la solución de emergencia de cubrir los déficits con subsidios indiscriminados por parte del Estado Nacional cuyo monto puede estimarse para el período 2006-2008 en más de 8000 millones de dólares.

3) Existe falta de transparencia en el funcionamiento sectorial propio de las situaciones de emergencia.

4) La inversión privada genuina en sectores de riesgo se retrajo esperando la intervención de la inversión estatal, insuficiente y no siempre oportuna.

5) No hay Planificación Energética de Largo Plazo. Se carece, como Política de Estado, de un Plan Estratégico de Largo Plazo que aliente la inversión privada con capital de riesgo para obras de infraestructura del sector.

6) El problema energético se transforma en una restricción para el conjunto de la economía.

7) En un contexto de manejo sectorial en estado de excepción, es frecuente que las Instituciones del sector sean utilizadas como instrumento para justificar arbitrariedades, en vez de cumplir el rol establecido por las leyes y reglamentaciones, como el de regular los servicios públicos y controlar el cumplimiento de los contratos.

LA PROPUESTA

Las siguientes son las acciones que configuran en forma sintética el PLAN DE GOBIERNO para el área energética para el período presidencial 2011-2015, el que tiene por objeto satisfacer en forma sostenible y sostenida las necesidades energéticas de la Argentina.

La energía es un sector estratégico de la infraestructura para cualquier país. Satisfacer la demanda requiere grandes esfuerzos que deben ser coordinados entre todos los actores sociales: se requiere un gobierno comprometido con el gran objetivo de la satisfacción segura de la demanda para todos los ciudadanos y empresas responsables que consuman en forma racional y paguen tarifas razonables por los productos energéticos que consumen. Los empresarios que inviertan en el desarrollo energético deben poder confiar en las leyes y las instituciones de la Nación. Los funcionarios públicos afectados al sistema deben estar capacitados y ser eficientes y honestos para asegurar el funcionamiento del mismo.

HIDROCARBUROS

1.- Se remitirá al Parlamento un proyecto de Ley de Hidrocarburos en reemplazo de la denominada “ley corta”. Dicha ley tendrá por objeto la compatibilización de lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional respecto a la propiedad de los recursos naturales con la necesaria armonización de los objetivos y metas de las políticas energéticas nacionales de largo plazo. La ley creará los mecanismos institucionales que aseguren la adecuada coordinación de las provincias y la Nación en la aplicación de la ley en todo el territorio nacional. Más allá de que la Constitución menciona como atribución del Congreso legislar en esta materia (artículo 75 inciso 12) sería altamente inconveniente que cada provincia tuviera su propia ley, pues eso implicaría tener 24 leyes de hidrocarburos distintas: una para cada provincia, más una para la Nación en el mar de la Zona Económica Exclusiva

2.- Crear una Agencia Nacional de Hidrocarburos y Biocombustibles en el marco de la nueva ley, con la misión de planificar e implementar la política nacional de producción y exploración de hidrocarburos.

La Agencia será un organismo regulador autárquico de las actividades que realiza la industria del petróleo, el gas natural y los biocombustibles en Argentina. Tendrá la función, entre otras, de promover licitaciones y hacer contratos a nombre del Estado con permisionarios y concesionarios ligados a la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural en las áreas cuyo dominio está reservado al Estado nacional. Coordinará con las provincias la aplicación de la Ley de Hidrocarburos en sus respectivos territorios. Además, fiscalizará en forma directa e indirecta las industrias reguladas del sector. Analizará los contratos firmados por algunas provincias prorrogando concesiones en forma anticipada, sin licitaciones y en negociaciones no transparentes y aconsejará las medidas a tomar en defensa del patrimonio energético de esas provincias y de la Nación.

3.- Crear una Empresa Petrolera Nacional (Yacimientos Argentinos-YA) con la figura jurídica de Sociedad del Estado y con la misión de gestionar los intereses del Estado nacional en materia de hidrocarburos tanto en la plataforma marítima o Zona Económica Exclusiva, como en el territorio continental y, en general, en todos aquellos proyectos de exploración y explotación petrolera en los que el Estado nacional participe por su propio derecho o por acuerdos con las provincias.

4.- Realizar por organismos oficiales una Auditoría integral de Reservas de Hidrocarburos en las actuales concesiones de explotación. Determinar a partir de la misma la real situación del inventario de reservas comprobadas y probables y el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de explotación y permisionarios de exploración en cada una de las áreas dadas en concesión o permiso. Sistematizar la información geológica para conocer en forma acabada el actual nivel de reservas y sus costos probables de producción asociados.

5.- Implementar en coordinación con las provincias petroleras y no petroleras una nueva política nacional en materia de hidrocarburos, que priorice la exploración tanto en áreas tradicionales como no tradicionales (la plataforma continental y la cuenca Chaco-paranaense) y que, además, apunte a revertir la declinación productiva en las cuencas tradicionales y que permita la participación de la empresa nacional (especificada en el punto 3 de estas propuestas) en las áreas provinciales.

6.- Liquidación de ENARSA: Se solicitará a la Auditoría General de la Nación que realice una auditoría exhaustiva a fin de conocer el estado de situación de la empresa, que rinda cuentas de sus actividades y funcionamiento desde su creación, de sus compromisos asumidos, acuerdos suscriptos y resultados operativos y económico-financieros.

Se enviará al Parlamento un proyecto de ley a fin de proceder a la liquidación de ENARSA revirtiendo la titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación que posea, al Estado Nacional. Sus funciones en áreas petroleras serán asumidas por la nueva empresa estatal (YA) a crearse según el punto 3 precedente.

Su participación en otras actividades será asumida por la Agencias Nacionales respectivas a crearse.

7.- Se enviará al Parlamento un Proyecto de Reforma y Adecuación del Marco Regulatorio del Gas Natural (Ley 24076) y se normalizará el sector gas natural.

SECTOR ELÉCTRICO

8.- Se enviará al Parlamento un Proyecto de Ley de Marco Regulatorio Eléctrico que tendrá por objetivo armonizar las leyes 24065 y 15336 en un proyecto único y actualizado. El proyecto, que será debatido en el Parlamento, debe contemplar y solucionar todos aquellos aspectos que la experiencia ha demostrado inconvenientes. Se reimplantarán los Fondos Específicos para la financiación de obras de características específicas de interés general y la obligación indelegable del Estado de realizar la planificación estratégica sectorial.

9.- Una vez cumplimentado el punto anterior se normalizará el servicio público de electricidad asegurando el flujo de inversiones orientado a la expansión y basado en el cumplimiento del nuevo Marco Regulatorio.

10.- Crear una Agencia Nacional de Hidroelectricidad y Energías Renovables, con la misión de planificar y ejecutar la política nacional para el sector energético de hidroelectricidad, energía eólica, solar, mareomotriz y biomasa, disponiendo las regulaciones, contrataciones y fiscalizaciones, promoviendo y estimulando el desarrollo de las actividades del sector. Esta nueva Agencia tiene por objeto llevar adelante un conjunto de tareas de realización imprescindible que previo a la privatización de los 90 eran realizadas en las empresas Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y otras instituciones fundamentalmente vinculadas al inventario y desarrollo de proyectos energéticos de utilización de recursos naturales renovables.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR ENERGÉTICO

La estrategia energética asegurará el uso racional de los recursos renovables y no renovables, poniendo especial atención a la necesidad de la mejora, conservación y cuidado del medio ambiente. La misma se plasmará en un Plan Energético de Largo Plazo cuya elaboración es tarea indelegable del Estado Nacional. La elaboración de éste será un proceso transparente, abierto a debates y acordado entre la Nación y las Provincias. El Plan, una vez elaborado, será remitido al Congreso para su aprobación por ley de la Nación. El Plan será actualizado cada tres años.

11.- Se elaborará un PLAN ENERGÉTICO NACIONAL para el periodo 2012-2030; dicho Plan se elaborará en atención a los siguientes criterios:

• La seguridad de los suministros de energía.
• La economía de la prestación y la viabilidad financiera.
• El aliento a las inversiones privadas y públicas que aseguren el autoabastecimiento energético a largo plazo.
• La satisfacción de la demanda.
• El bienestar de los habitantes.
• Los compromisos asumidos por el país en materia de mitigación del cambio climático.
• La racional utilización de sus recursos naturales renovables y no renovables.
• Las políticas de uso racional de la energía.

Será un objetivo de la planificación lograr una matriz energética diversificada y segura en función de los objetivos antes expuestos la que contemplará una mayor utilización de las energías renovables, y una mayor energía nuclear que la utilizada en el presente.

Con ese fin, se adoptarán medidas ligadas directamente a la energía, tanto en su producción como utilización, a fin de mejorar la eficiencia energética, aumentar el porcentaje de energía renovable y nuclear en la matriz energética. Asimismo, se tomarán acciones para que el mercado interno de la energía beneficie a todos, con una visión de largo plazo que facilite el desarrollo de la tecnología energética y sean viables los esfuerzos requeridos para la coordinación de las políticas con los países de la región.

La materialización de un PLAN ENERGÉTICO ESTRATÉGICO de largo plazo que la Argentina hoy no posee permitirá implementar políticas destinadas a profundizar un uso más racional y eficiente de la energía. En este contexto se impulsará en forma coordinada con la Política Nacional de Transportes la adopción de modos de transporte más eficientes, como el transporte de cargas por ferrocarril y por la hidrovía, e incrementando la participación de la energía eléctrica en el transporte en general y particularmente en el público de los grandes centros urbanos (subterráneos y ferrocarriles suburbanos en un radio de 100 Km.).

12.- La ejecución de un Plan Energético Estratégico para el período 2012-2030 requerirá de un esfuerzo sistemático de ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS, particularmente de los proyectos hidráulicos prioritarios y de los restantes recursos energéticos primarios renovables: biomásicos, eólicos, solares, geotérmicos, mareomotrices.

ENERGIA NUCLEAR

Dentro de la Nueva Estrategia Energética argentina se deberán introducir modificaciones sustanciales respecto a los modos actuales de producción y consumo energético de forma de lograr un sistema sostenible en términos de producción y en términos ambientales en sentido amplio. Desde ya, se deberá reducir el consumo de hidrocarburos e incrementar el de otras formas de energía, particularmente la nuclear.

13.- En este contexto se elaborará un PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR NUCLEAR que definirá la inserción de esta energía en el balance energético, particularmente el tipo de central y su tecnología, el tamaño de las unidades, los tipos de combustibles nucleares a utilizar y su procedencia, los programas de desarrollo de tecnologías y recursos humanos, la compatibilidad ambiental y toda otra cuestión vinculada al ciclo total de la actividad; y la consistencia financiera de dicha estrategia. El Programa nuclear será parte del Plan Energético Nacional 2012-2030.

14.- En correspondencia con el Plan Estratégico Nuclear se ejecutará un PROGRAMA de PROSPECCIÓN de URANIO y TORIO, a fin de de asegurar su abastecimiento y utilización. La ejecución de este programa deberá en todo momento salvaguardar el medio ambiente.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Argentina cuenta en su extensa geografía con un gran potencial para el desarrollo tanto de energía eólica como de energía solar con la posibilidad de ser explotadas en gran escala. Con ello, el país comenzaría a reemplazar con recursos limpios, inagotables y propios el uso de recursos energéticos primarios contaminantes y no renovables.

Esto constituye una alternativa muy útil para comenzar a diversificar el riesgo de un sistema energético tan concentrado y dependiente como el nuestro.

El aprovechamiento de un recurso tan abundante e inagotable, mediante el desarrollo del conocimiento y de la industria que ello insume, tendrá un impacto muy favorable en las inversiones y por ende en la actividad económica del país y en la creación de empleo asociado.

15.- En este sentido, se impulsará especialmente el desarrollo y aplicación de las denominadas “energías limpias”, como la eólica y la solar, promoviendo la participación de la industria nacional en el desarrollo de tecnología y en la formación de recursos humanos especializados.

LAS TARIFAS Y LOS SUBSIDOS

16.- Se diseñará y aplicará una POLÍTICA DE PRECIOS Y TARIFAS PREVISIBLE Y ESTABLE que cubra los costos totales de producción, asegure la prestación eficiente de servicios y la expansión de la oferta.

En forma complementaria y prioritaria se implementará un sistema de TARIFA SOCIAL que asegure el acceso a los servicios públicos a los sectores de menores ingresos en lo concerniente a energía eléctrica, gas por redes y gas envasado.

Los proyectos de nuevas leyes de Marco Regulatorio para la electricidad y el gas natural contemplarán el diseño de una política de precios y tarifas.

17.- Los Subsidios serán utilizados como instrumentos de políticas para el logro de objetivos predeterminados; los subsidios no serán indiscriminados y su aplicación deberá ser sustentable.

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN LA REGIÓN

18.- Se promoverán y alentarán las POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN LA REGIÓN en un plano de colaboración mutua y armonización de objetivos para beneficio de los países que la componen. A tal efecto, se tomarán acciones tendientes a cumplimentar los siguientes objetivos:

• Fortalecer el MERCOSUR ampliado y la idea estratégica de integración regional.
• Sostener políticas comunes en los foros internacionales.
• Promover la progresiva convergencia de las políticas energéticas.
• La Planificación Energética debe definir las mejores opciones nacionales, impulsando los proyectos que favorezcan la Integración Regional.

Suscribir acuerdos de intercambio y complementación entre los Estados: con un rol activo de las empresas públicas y privadas en la construcción, financiamiento y operación de los proyectos.

Armonización gradual de los marcos regulatorios energéticos, ambientales e impositivos: condiciones jurídicas y económicas previsibles.

Fortalecer una efectiva coordinación de acciones: evitar medidas unilaterales que originen fuertes impactos en países vecinos.

CAMBIO CLIMÁTICO Y LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL

19.- Se impulsará una POLÍTICA REGIONAL COMÚN en materia de lucha contra el cambio climático y la participación en el esfuerzo global para la disminución de los gases de efecto invernadero.

La Argentina, asumiendo plena conciencia de la problemática del calentamiento global, promoverá una POLÍTICA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO en el sector energético compatible con las más avanzadas teorías científicas destinadas a combatir los efectos del cambio climático, buscando asegurar para ello la formación de recursos humanos, la inserción institucional con presencia concreta en todos los ámbitos que definan las negociaciones internacionales y proveyendo los recursos económico-financieros.

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

Será un objetivo prioritario la fijación de una política permanente de promoción de la Eficiencia Energética que permita reducir al mínimo el crecimiento de la demanda compatible con el desarrollo económico y social.

20.- Se diseñará y pondrá en vigencia una POLÍTICA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA; la misma estará orientada a realizar una gestión de la demanda que evite la expansión superflua de los sistemas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, consecuentemente, que incremente la productividad del factor energía.

Tal política se sustentará tanto en la educación permanente del consumidor como en el uso de incentivos económicos para inducir conductas racionales de ahorro energético, en el financiamiento de programas de equipamiento para el uso eficiente de la energía en la industria, en la construcción y en el sector doméstico. Se adoptarán los instrumentos y mecanismos que aportan resultados exitosos, en la amplia experiencia internacional disponible en esta materia.

21.- Se utilizarán campañas educativas dirigidas a alumnos de nivel primario y sus familias quienes son herramientas claves del cambio cultural en esta materia.

D10.- LA REINSTITUCIONALIZACIÓN DEL SECTOR DESPUES DEL VACIAMIENTO DEL ESTADO. UN ESTADO QUE RECUPERA Y EJERCE SUS ROLES INDELEGABLES.

El Estado argentino en el transcurso de los últimos lustros y como resultado de políticas equivocadas ha dejado de ejercer roles indelegables fijados en las leyes; ha sido vaciado de contenido y las leyes frecuentemente no son cumplidas por carencia de medios humanos y tecnológicos.

A efectos de corregir y fortalecer el sector energético, resulta imprescindible reestructurar la organización del mismo para que pueda cumplir con sus s funciones, sin burocracia y con los medios ajustados a tales fines.

Será necesario crear instituciones nuevas y reorganizar otras en el marco de la sanción de las nuevas leyes que se propician en estas Bases del Programa 2011.

La siguiente es una propuesta no taxativa de medidas a tomar:

22.- JERARQUIZAR la Secretaría de Energía. El sector energético debe estar en la más alta jerarquía administrativa del Estado para ser un interlocutor del máximo nivel con las empresas, organismos y naciones, capaz de tomar decisiones que permitan hacer frente a los enormes desafíos que se presentan en el corto, mediano y largo plazo y que serán cruciales para la economía nacional y el crecimiento y desarrollo del país.

Para ello se debe fortalecer su capacidad institucional como órgano superior de planificación, fijación de la política energética y fundamentalmente como Autoridad de Aplicación de la nueva legislación energética, dotándola del presupuesto y los recursos humanos necesarios. Esta reestructuración del Estado que se propicia en conjunto con la de otras áreas determinará la posible conveniencia de elevar la Secretaría de Energía al rango de Ministerio.

23.- CREAR un Consejo de Política Energética en el ámbito del Gabinete Nacional, coordinado por el Secretario de Energía e integrado por los ministerios y áreas vinculadas a esta problemática, con la misión de definir estrategias y planes a proponer al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, proyectos de leyes y acuerdos internacionales, asegurando una adecuada evaluación y coordinación interministerial.

24.- TRANSFORMAR el Consejo Federal de la Energía Eléctrica en Consejo Federal de la Energía que, manteniendo las atribuciones de aquel, extienda su alcance incluyendo al sector Hidrocarburos. El mismo funcionará dentro del ámbito de la Secretaría de Energía, quien lo coordinará, y contará con la participación de las provincias.

25.- Creación de nuevas Agencias Gubernamentales para cumplir misiones específicas: a) Se creará la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Biocombustibles con la misión descripta en el punto 2 de esta propuesta programática; b) Se creará una Agencia Nacional de Hidroelectricidad y Energías Renovables con la misión descripta en el punto 11; c) Se asignará a la CNEA funciones específicas adicionales en materia de desarrollo de proyectos y tecnologías energéticas.

26.- NORMALIZAR Y REESTRUCTURAR los Entes Reguladores Nacionales ajustando su conformación y funcionamiento dentro del encuadre legalmente establecido. Los Entes Reguladores tendrán plena autarquía y autonomía del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones. Sus directivos tendrán estabilidad y serán designados por concurso público.