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La organización de un Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y trabajar en la eficacia de la administración pública. Para ello es necesario superar la excesiva burocratización y centralización de los circuitos administrativos, la superposición de criterios para la resolución de problemas y las lógicas rutinarias. Paralelamente, se deben aplicar tecnologías al servicio de la ciudadanía para simplificar procedimientos, reducir tiempos de respuesta y mejorar la atención brindada a las instituciones y a las y los ciudadanos. En este sentido, la profesionalización y transparencia de los recursos humanos estatales junto con el fortalecimiento de los sistemas de información constituyen elementos clave en este proceso.

Asimismo, debe modificarse la relación Estado-sociedad, transformando el modelo jerárquico de relación por uno en red, colaborativo. Es necesario un Estado que entable un diálogo constante con los y las ciudadanas, que tome decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilite la colaboración entre los ciudadanos y los funcionarios y que comunique todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente.

En ese sentido, la creación del Consejo Económico, Social y Político como órgano consultivo en materia económica y social es una herramienta fundamental. Lo concebimos como un foro permanente donde se instrumenta el diálogo social de los distintos intereses, a fin de superar conflictos y lograr consensos para el desarrollo armónico de la vida social en Argentina. Entendemos que complementa y amplía las instituciones democráticas, sin reemplazar la representación política que caracteriza a nuestra forma de gobierno.

Derecho de acceso a la información pública.

Adopción de tecnología de información, que facilite el acceso en tiempo oportuno.

Institucionalización de la rendición de cuentas.

Incorporación dentro de la gestión de control de entes binacionales y fideicomisos, entre otras instituciones.

Fortalecimiento de la Comisión Parlamentaria Mixta a través de la interacción con las otras Comisiones parlamentarias y el debate público de los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Ampliación de las facultades conferidas a la AGN.

Seguimiento de las observaciones y hallazgos obtenidos para verificar que los organismos auditados cumplan las recomendaciones y en caso contrario, si los organismos responsables aplicaron las sanciones por los incumplimientos detectados.

Creación de la Oficina de Presupuesto en el marco del Congreso de la Nación.

Fortalecimiento de la calidad institucional a través de la articulación de los distintos niveles de control: SiGeN, AGN, Fiscalía de Estado, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Oficina Anticorrupción.

Promoción de la efectiva participación de los ciudadanos en la evaluación de las políticas públicas.

Aseguramiento de los mecanismos para que las evaluaciones estén disponibles en tiempo real y permitan corregir adecuadamente los desvíos.

Reconocimiento de la gestión pública como valor, teniendo necesariamente como contrapartida una real y significativa asignación de responsabilidades.

Incentivo e impulso de las relaciones de los estamentos de control nacional con los Tribunales de Cuentas Provinciales.

Profesionalización y concurso para el ingreso y promoción en la Administración pública.

Fortalecimiento de las atribuciones de los organismos de control.