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DESARROLLO SOCIAL: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

El Ingreso Universal que proponemos para los niños y para nuestros mayores son pisos de ciudadanía innegociables. Pero desde la mayoría de edad hasta la vejez, gran parte de la posibilidad de los individuos de realizarse como personas pasa por tener un trabajo digno. La principal herramienta para enfrentar la exclusión de un tercio de nuestra población es recrear las condiciones para que todos puedan aspirar a un empleo decente.

Una sociedad verdaderamente democrática no tolera la marginalización social. Es esencial la construcción de un modelo de desarrollo que transforme la ampliación de oportunidades para aprender, trabajar y producir en el motor de un crecimiento anclado en lo social. Un crecimiento que convierta desventajas aparentes en ventajas reales. Que movilice recursos, sobretodo, humanos, sociales y culturales, marcando un camino que todo el país pueda seguir. Que ataque la raíz de la marginalidad, que condena a millones de hogares a condiciones de vida indignas y limita al mismo tiempo la capacidad de la Nación para alcanzar su potencial.

El desafío social de estos tiempos pasa por acercar la posibilidad de trabajo digno y realización a quienes ya tienen más de 18 años y están totalmente postergados, o enfrentan empleos inestables e informales. Hay que animarse a novedosas políticas públicas e instituciones que permitan prosperar a quienes tienen la vocación, la imaginación y las habilidades, pero son discriminados en el acceso al crédito, a la vivienda, a los mercados, a las nuevas tecnologías. Esos argentinos constituyen el 35% de nuestra población. Si superamos el prejuicio y el desinterés, que hacen que, para algunos, estos compatriotas sean vistos como una carga, como responsables absolutos de su situación, entenderemos que el rescate de estas personas conlleva la oportunidad de hacer más vibrante y robusta nuestra economía, y más justa nuestra sociedad.

Se precisa de un conjunto de acciones que logren conectar la actividad de estos sectores con la del resto de la sociedad. Incentivos para empresas para enfocarse en este segmento, programas de capacitación financiados por el Estado, subsidios para contratación de personas, aliento y beneficios para los Fondos de Inversión que apuesten a proyectos que satisfagan las necesidades de la base de la pirámide, impulso a asociaciones entre empresas grandes y emprendedores de este sector, son algunas de las herramientas que pretenden compensar a estos compatriotas que no han tenido oportunidades. Y un impulso -no una persecución- a los mercados y ferias donde los emprendedores de bajos recursos llevan todo su esfuerzo. Trabajadores y emprendedores con iniciativa y visión es lo que este país necesita.

Como sociedad, debemos comprender que en muchos casos la informalidad no es una elección. Quienes tienen la suerte de estar dentro del sistema no deben creer que los excluidos están en deuda con el resto de la sociedad. Al contrario. Hay que aprender a convivir con esta informalidad y encontrar la manera de que la formalidad acompañe el crecimiento de quienes, con su propio esfuerzo, van abandonando la pobreza. El gobierno debería trabajar para integrarlos al sistema, no para castigarlos y marginarlos aún más.

Una mención especial merece la falta de servicios financieros de calidad para gran parte de nuestros compatriotas. La gente con pocos recursos tiene tantas necesidades de servicios financieros como el resto de la población. Un crédito para invertir en su proyecto microempresarial, un seguro para minimizar las contingencias inesperadas y los riesgos, poder recurrir a un lugar donde guardar los ahorros de modo seguro, pueden hacer una gran diferencia en sus vidas. Confiar en los excluidos dándoles servicios financieros no sólo puede mejorar sus vidas, y devolverles dignidad, sino también fortalecer la economía que los circunda, ya que ellos multiplican la oferta así como la demanda de bienes, servicios, insumos, y mano de obra en su propio vecindario. Las microfinanzas son una herramienta que ayuda a crear lazos, y a fomentar el crecimiento económico convirtiendo en protagonistas a los que hoy son excluidos. Es nuestra responsabilidad como sociedad ayudar a tener un desarrollo con inclusión, y a ello pensamos contribuir desde el gobierno, junto al sector privado, y a la sociedad civil.

INGRESO UNIVERSAL PARA LA NIÑEZ.

Consecuentes con las iniciativas parlamentarias que nuestras diputadas, que Elisa Carrió y Elisa Carca vienen impulsando desde 1997, convertiremos en universal e incondicional la actual asignación por hijo. Propondremos que ésta sea financiada por el Tesoro Nacional que contaría con recursos genuinos ya que impulsaremos una reforma tributaria para que la asignación a la niñez no se continúe afrontando con los fondos de los jubilados. El ingreso universal para la niñez debe ser un derecho garantizado por el Estado para todos los niños del país independientemente de la situación laboral de sus padres. Por lo tanto, vamos aprobar el proyecto de ley de Ingreso Ciudadano Universal para la Niñez que establece un beneficio universal para todos/as los/as menores de 18 años en el país, que constituya un primer paso, junto con la jubilación ciudadana universal, para la implementación de un ingreso ciudadano que cubra a todos los niños y adultos mayores del país.

De esta forma se evitaría que amplios sectores sociales caigan en situaciones degradantes para su bienestar y su condición humana (en muchos casos, con efectos irreversibles), generando situaciones estigmatizantes e ineficiencias en la atención de los grupos más necesitados.

INGRESO UNIVERSAL PARA LOS ADULTOS MAYORES. HACIA UN NUEVO SISTEMA PREVISIONAL

Desde la Coalición Cívica vamos a avanzar hacia la reforma del sistema de previsión social con participación de todos los sectores involucrados que garantice que las prestaciones previsionales tengan naturaleza sustitutiva.

Para ello, proponemos la sustitución del régimen previsional actual por un sistema previsional público de reparto asistido compuesto por tres pilares:

1) El primer pilar está dado por el otorgamiento de un ingreso ciudadano universal, incondicional y uniforme para todos los ciudadanos en edad de jubilarse, con o sin aportes suficientes al sistema previsional, que será financiado con partidas del Tesoro.
2) Un segundo pilar en relación a los aportes realizados al sistema. Este componente, contributivo y publico, será para quienes aporten al sistema financiado por un mecanismo de reparto. La prestación debe tener relación con el salario del trabajador garantizando una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos.
3) El tercer pilar será de carácter voluntario para aquellos trabajadores que perciban remuneraciones más elevadas y quieran capitalizar los aportes suplementarios para incrementar el haber jubilatorio futuro.

Mientras implementamos la reforma integral del sistema previsional, tomaremos las siguientes medidas complementarias:

• Los adultos mayores no pueden esperar los tiempos de maduración naturales de una reforma previsional. El primer paso tiene que ser darles hoy un piso mínimo de dignidad y derecho, elevando la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil Recomposición de los haberes previsionales según la aplicación de las pautas establecidas por los fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dirimieron en forma definitiva la cuestión relativa al recálculo del haber inicial y de la movilidad de las prestaciones (Fallos “Sánchez”, “Badaro”, “Mackler” y “Elliff”). Estas dos medidas deben ser tomadas en forma urgente porque no podemos dejar que los jubilados esperen años para tener los haberes jubilatorios que les corresponden y porque es inadmisible que haya más de 450.000 juicios en trámite ante la Justicia.
• Modificación de la actual fórmula de movilidad aprobada por la Ley 26.417 para que las prestaciones previsionales se ajusten semestralmente según la variación salarial de los activos: entre el Índice de Salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el RIPTE - Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables - publicado por la Secretaría de la Seguridad Social se elegirá el que resulte más conveniente para el beneficiario.
• Reestablecimiento del tope que tuvo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino para que los valores acumulados no superen el importe equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para la Administración Nacional de la Seguridad Social en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional. De esta forma, los excedentes y la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad podrían destinarse a incrementar los haberes previsionales.
• Análisis, revisión, modificación, actualización y unificación de normas legales en materia de previsión y seguridad social para condensarlas y unificarlas en un único cuerpo legal: el Código de la Seguridad Social.
• Modificación del procedimiento judicial en las causas previsionales para que los juicios tramiten bajo las reglas del proceso sumarísimo.
• Autorización a los jubilados y pensionados que se encuentran en litigio a embargar los fondos de la ANSeS que no se encuentren afectados al pago de jubilaciones y pensiones en caso de incumplimiento de las sentencias judiciales por parte del organismo previsional.
• Creación de la Prestación Anticipada de Jubilación por Desempleo cuyo objeto es brindarle cobertura a la población mayor que se encuentra desempleada y que no alcanza la edad requerida por el sistema previsional para jubilarse. Los requisitos para acceder a la prestación son los siguientes:
a) Mujeres: haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad;
b) Hombres: haber cumplido sesenta (60) años de edad;
c) Acreditar encontrarse al menos doce (12) meses en situación de desempleo al momento de solicitar el beneficio;
d) Acreditar 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
• Incorporación de las sumas no remunerativas al salario básico de los trabajadores del Sector Público Nacional.
• Consideración de las sumas no remunerativas percibidas por los trabajadores del Sector Público Nacional a los efectos del cálculo de la jubilación.

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE UNIVERSALICEN Y GARANTICEN EL TRABAJO DIGNO

El objetivo central de la política del Estado enmarcada en los lineamientos de desarrollo productivo es poder promover y efectivizar trabajo digno para la inclusión de la población.
Se debe promover y acompañar las acciones que aumenten la productividad de los distintos sectores. Debemos avanzar hacia una mayor productividad, con mayor formación, capacitación y mayor participación, a la vez que incrementando la complementación del capital y los trabajadores que hacen a esa producción.

Para lograr estos objetivos y ejes en el combate a la desocupación, la precariedad laboral y la informalidad, y de adaptar nuestras instituciones laborales a la nueva realidad productiva, la Coalición Cívica propone las siguientes acciones:
1. Lanzar el Plan Nacional contra la Desocupación, iniciativa destinada a activar programas que brinden en forma directa o indirecta por parte del estado la generación de empleo, en función a las necesidades estratégicas propuestas en forma integral en el plan general de gobierno y a exigencias de productividad.
2. Lanzar el Plan Nacional contra el Trabajo Precario, destinada a coordinar los instrumentos fiscales, técnicos, crediticios y legales del estado, para exigir e inducir a la formalización de los trabajadores que se encuentran en situaciones de irregularidad. Se promueve la participación tripartita de los sectores del mundo del trabajo involucrados, a los efectos de garantizar la efectividad de su adecuación a la realidad en su concepción y ejecución.
3. Tercerización. Reversión y erradicación del proceso de tercerización en fraude a la ley laboral. Sanción de la legislación que garantice este proceso, con determinación de la extensión de responsabilidad sobre los empresarios “reales” titulares de las empresas que abusen de estas prácticas.-
4. Jerarquización del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Brindarle un presupuesto adecuado para permitir el cumplimiento de sus objetivos, que garanticen los niveles esenciales que exige la protección y promoción de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, que se encuentran en su esfera de competencia.
5. Programas hacia grupos en situación de vulnerabilidad. El MTESS deberá acentuar su acción, en la implementación de programas específicos destinados a la erradicación de todas aquellas condiciones, actividades y conductas, que se encuentren dentro del ámbito de incumbencia y control del MTESS que afecten específicamente a grupos de personas que trabajan en situaciones de vulnerabilidad.-
6. Empleo público. Establecer un estricto y abierto sistema de mérito, carrera administrativa y concurso público para la entrada y ascenso en la Administración Pública.
7. Política salarial. Promoción de una política de distribución de ingresos, que instrumente un salario mínimo vital y móvil suficiente y adecuado a la realidad. Mantener debidamente actualizadas las escalas salariales en aquellas actividades en los que tuviese intervención la acción del estado nacional. Promoción de una activa y real participación de los actores sociales en el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo, vital y móvil.
8. Erradicar la figura de componente no remunerativo en los sueldos y salarios. Establecer la incorporación al básico de todos los componentes salariales no remunerativos actualmente vigentes.
9. Salud del trabajador. Dictado de una nueva legislación que regule la protección de los trabajadores en sus riesgos y contingencias laborales. Creemos que una nueva ley de riesgos laborales debería poner su acento en la prevención y el cumplimiento irreversibles de las medidas programadas para evitar siniestros, enfermedades y otras contingencias prevenibles.
10. Trabajo y productividad. Teniendo en cuenta que se debe priorizar la cultura del trabajo como factor central para la construcción de una sociedad , se proyecta la modificación del ordenamiento laboral, promoviendo su adecuación para el cumplimiento de exigencias de productividad nacidas de nuevos procesos productivos y/o demandas de los mercados, propios de un mundo globalizado, sobre la base de la formación constante, estabilidad, y mayor participación de los trabajadores en el proceso de producción y en la distribución de lo producido. Ratificación del Convenio 158 de OIT.
11. Formación. Desarrollo de programas de capacitación destinados a trabajadores ocupados y desocupados, con adecuación de los objetivos y metas propuestos a la realidad sobre la que aplican, tanto en su concepción y como en su ejecución. Se tendrá particular interés en aquellos programas que permitan y colaboren en la generación de iniciativas productivas que privilegien el desarrollo de tecnologías independientes. Se debe avanzar en la integración de políticas coordinadas en las áreas de incumbencia inherentes a la educación , ciencia y tecnología y el trabajo.-
12. Regímenes laborales específicos. Sanción de la ley de trabajadores de casas particulares, modificación de la legislación del trabajo a domicilio, sanción de una ley que regule al teletrabajo, ley de trabajadores rurales, modificación del régimen legal de pasantías, ratificación de los convenio de OIT 97 y 143 y sanción ley que regule la situación del trabajador migrante adecuándola a parámetros internacionales y respondiendo a la directriz de promoción de trabajo decente.-

Política de promoción de la Democracia Sindical

La Coalición Cívica propone un nuevo modelo sindical. El modelo sindical monopólico argentino no ha sido exitoso para lograr la representación democrática de los trabajadores, y ha sufrido severas y generalizadas críticas. Muchos sindicatos argentinos parecen responder más a los intereses individuales de sus dirigentes que a la defensa colectiva de los derechos y necesidades de los trabajadores que representan. Por otra parte, han sido totalmente incapaces de articular algún tipo de respuesta o canal de diálogo con sectores de desocupados o trabajadores informales.

Objetivos:
• Establecer una nueva ley de asociaciones sindicales que diseñe un modelo sindical basado en la libertad y la democracia sindical, que se sostenga inevitablemente en privilegiar la decisión autónoma del trabajador de elegir el sindicato que quiere que lo represente. Un modelo que permita la elección directa de sus conducciones, la alternancia en el ejercicio de las funciones y el reconocimiento de la participación de las minorías
• Desarrollar un nuevo modelo sindical autónomo, es decir independiente de cualquier partido político, que respete la pluralidad existente en su seno y en la sociedad.
• Implementar un modelo que permita el fortalecimiento de la representación en el lugar de trabajo como sitio de mayor disputa y desprotección para los trabajadores. Se debe considerar al trabajador un actor permanente y no relegarlo a un actor circunstancial.
• Un modelo que permita la libre afiliación a todos los trabajadores, sin limitaciones formales (sector informal, desocupado, jubilado, etc.).-
• Incorporar a la legislación mecanismos para que los trabajadores y los sindicatos puedan contar con información de la empresa, suficiente y necesaria para la adopción de medidas de conformidad a sus objetivos sectoriales que se planteen. Con especial interés en la necesidad de tomar decisiones de vinculadas a la formación, capacitación o recalificación para que los trabajadores no sean la variable de ajuste de la modernización tecnológica.
• Transparencia y acceso a la información por parte de los trabajadores a través de información sobre los balances de las organizaciones, el patrimonio de sus dirigentes, los mecanismos de participación, las decisiones estratégicas y las modificaciones estatutarias.

ACCESO A LA VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Desde la Coalición Cívica queremos terminar con la corrupción en la obra pública y dar una respuesta seria y definitiva al déficit habitacional en la Argentina que hoy trepa al 30%.
El acceso a una vivienda digna es uno de los derechos humanos fundamentales. Aquel, no sólo incluye las características de las viviendas, sino también la infraestructura y el equipamiento social que garantice a las personas un hábitat decente: agua potable, red cloacal y pluvial, electricidad, gas, pavimento.

Un sistema federal de vivienda y desarrollo local

Desde la Coalición Cívica vamos a implementar un “sistema federal de vivienda y desarrollo local”, sobre la base de una política nacional de largo plazo. Así, vamos a implementar un efectivo Plan de Vivienda y Desarrollo del Hábitat.

En primer lugar cada jurisdicción deberá contar, obligatoriamente, con un Registro Único Permanente y Público de Postulantes. Ello permitirá conocer la demanda y evitar las prácticas clientelistas en la adjudicación de viviendas o la ejecución de proyectos incompatibles con el perfil de la demanda.

Tierra e Infraestructura:

• Regularización de la tenencia del suelo, resolviendo de manera urgente los casos de propietarios de viviendas y terrenos que no cuenten con los instrumentos legales de dominio.
• Creación de un Banco de Tierras urbanizables, sean públicas o privadas.
• Impulso a la generación de “lotes urbanizados” (parcelas con acceso a redes de servicios básicos: agua, energía eléctrica, desagües cloacales y pluviales) para familias de bajos ingresos.
• Mejoramiento de la infraestructura de servicios en barrios y asentamientos en construcción o ya construidos.

Vivienda:

Programas de asistencia técnica y financiera para la construcción y/o ampliación y/o mejora de viviendas de familias que disponen de un lote propio. Contempla el otorgamiento de créditos personales (individuales o bajo formas asociativas) con garantía hipotecaria destinado a la construcción de vivienda nueva; ampliación o terminación; construcción de núcleo húmedo más ambiente, provisión de materiales básicos.

• Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI): se recuperará la intangibilidad del recurso específico eliminando las normas que permiten desviar los fondos a otros destinos, estableciendo límites estrictos para los gastos de administración de las unidades ejecutoras, y disponiendo incentivos para estimular el recupero de la cartera de préstamos.
• Creación del Fondo Fiduciario de Vivienda, administrado a través del Banco Nación. La conformación de este Fondo permitirá el diseño de una política de crédito de largo plazo para la compra de vivienda que permita tener tasas de interés bajas y fijas, determinar que los mutuos originales no pueden ser modificados aún cuando las reglas del mercado se modifiquen. El contrato de adhesión al Fondo estará regulado y controlado por la Auditoría General de la Nación.
• Fondo Nacional de Desarrollo Local: vamos a unificar e integrar en este fondo a todos los programas existentes que apuntan a brindar asistencia financiera a las iniciativas locales orientadas al mejoramiento del habitat y a la construcción (o recuperación) de infraestructura y equipamiento social básico, pero que están desarticulado y son ineficientes.
• Aplicación de recursos financieros de los programas de empleo transitorio para trabajadores desocupados integrando a los beneficiarios en programas de construcción de vivienda social y mejoramiento del hábitat.
• Revisión integral de la totalidad del proceso de privatización del Banco Hipotecario Nacional, tendiente a subsanar y sancionar las irregularidades cometidas. Establecer un mecanismo de cancelación de hipotecas para aquellos deudores hipotecarios que han sido perjudicados desde la privatización del banco ya que fueron modificado los mutuos originales.

INCLUSIÓN Y CIUDADANÍA PLENAS

La República Igualitaria que defendemos reconoce la igualdad moral básica de todas las personas, de forma tal que todos los individuos tengan la posibilidad real de gozar del ejercicio pleno de su ciudadanía; exige la intervención del Estado con políticas públicas ante las limitaciones al desarrollo individual que se dan por razones culturales, físicas o sociales.

Una nueva relación entre el Estado y la infancia.

Es indispensable superar la mirada economicista que prevalece en el abordaje de la desigualdad social. Proponemos la construcción en todo el país de una red de instituciones que le aseguren a la infancia de nuestro país, desde los primeros meses de vida, las condiciones físicas para su desarrollo cognitivo y social. Proponemos:

• Políticas públicas de protección de los/as niños/as, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, priorizando las políticas sociales básicas y universales.
• Proteger el derecho constitucional de defensa de niños, niñas y adolescentes, mediante la revisión de las funciones del Defensor de Menores e Incapaces, en el actual diseño que presenta la Ley del Ministerio Público.
• Modificar la Ley de adopción, a fin de adecuarla a las pautas fijadas en la Convención sobre los Derechos del Niño y asegurar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
• Modificar las normas del Código Civil relativas a la filiación, para garantizar el derecho de los niños y niñas a la identidad.

Violencia contra los niños

La violencia física y psíquica sobre los niños menores de 18 años requiere normas y políticas concretas que, con énfasis a las acciones preventivas, tiendan a modificar pautas culturales y formas de discriminación que acepten y aún promuevan formas de violencia contra los niños. Proponemos:
• Difusión, capacitación para la mejor detección, prevención y/o derivación frente a situaciones de violencia.
• Asistencia jurídica pública en forma rápida y efectiva, con accesibilidad y denuncia confidencial.
• Promover la atención de salud debida que incluya al núcleo familiar de la víctima, sistematizando información que permita identificar a los niños y niñas en peligro.
• Recepción inmediata de la demanda a través de Servicios Sociales accesibles e integrados a las Defensorías de menores.

Niños en situación de calle

Para la atención integral de estos niños y adolescentes -que presentan mayor vulnerabilidad- es necesario contar con políticas de Estado articuladas entre OG y ONGs de la localidad o el barrio que trabajen la temática.

1) Requerirá de la creación de figuras de agentes profesionalizados en la temática de actuación social para la intervención personal.
2) Emplazamiento de programas de acogimiento rápido exclusivo para menores de edad, y a cargo de equipos interdisciplinarios; y de cuidado y contención en el que pueda convivir con pares, en tanto se trabaja el fortalecimiento familiar, la atención sanitaria, el reingreso a la escuela.
3) Trabajo en red, para atención de salud física y mental, grupos de pares, recreación y deportes próximos a su hábitat.
4) Seguimiento de reinserción social y familiar, de los tratamientos especiales, o del reingreso escolar, efectuado por el Servicio Social de la Defensoría del menor existente a nivel local.

Situación en conflicto con la ley penal

• Derogación del Decreto Ley que vulnera el derecho fundamental del/a niño/a de no ser separado de su familia por cuestiones de mera pobreza.
• Establecer un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para adolescentes menores de 18 años, con todas las garantías del debido proceso de un juicio contradictorio, de una defensa técnica especializada, garantizar la doble instancia, la implementación de medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad, las que, en el caso que correspondan y por la gravedad del delito y la edad del joven, serán establecidas como última medida y por el menor tiempo posible. El catálogo de sanciones propuesto consta de: la prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida, privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre, privación de libertad domiciliaria y privación de libertad en centros especializados para personas menores de 18 años (esta última sólo en casos estrictamente definidos por la misma ley en sus alcances y modos y plazos de ejecución).
• La privación de libertad en centro especializado para personas menores de 18 años sólo podrá ser aplicada cuando se compruebe la comisión delitos graves: homicidios dolosos, delitos contra la libertad sexual, robo con arma que sea apta para el disparo, robo cometido con violencia física hacia las personas y secuestros extorsivos.

Propuesta de política juvenil.

En el marco del respeto de las libertades y promoción del disenso como constructor de miradas y discursos alternativos, se promueve una relación entre los jóvenes y el Estado que escape a la lógica del paternalismo o el prohibicionismo, y en la que este último garantice la no criminalización, la no exclusión y la no represión de los jóvenes.

Desde esta perspectiva, se resalta la necesidad de adoptar políticas públicas diseñadas para y/o por jóvenes, como las siguientes:

• Crear un “Observatorio de la Juventud” que implemente instrumentos de medición cuantitativos y cualitativos en pos de realizar diagnósticos, planificar, monitorear y coordinar políticas para jóvenes.
• Reconocer y reposicionar los derechos juveniles, en particular de los establecidos en la Convención I. de los Derechos de los Jóvenes.
• Controlar las condiciones laborales a las que están expuestos los jóvenes, implementar programas de capacitación para quienes se incorporan a la actividad laboral, a los desocupados y a los discapacitados, y promover micro emprendimientos de jóvenes. Programa Federal de erradicación de precarización laboral que se realiza a través de pasantías, becas, y “primer empleo”.
• Facilitar el acceso a la vivienda mediante acuerdos con entidades de crédito por los que se propongan líneas crediticias en Programas de “Primera Vivienda Joven” con “Aval 0” para aquellos jóvenes que no pueden cumplir con el requisito de presentar una garantía.
• Promover espacios culturales y de desarrollo creativo.
• Promover la creación de centros de estudiantes, parlamentos estudiantiles y juveniles.
• Establecer un “Cupo Joven”, a fin de promover el acceso de los y las jóvenes a lugares de decisión.
• Universalizar el acceso a la práctica de deportes (centros deportivos públicos, programas de promoción del deporte, etc).
• Promover las Casas de Juventud, espacios de diálogo y de intercambio sociocultural para jóvenes en los cuales se divulguen y multipliquen los programas y proyectos juveniles.
• Desarrollo de políticas públicas activas contra el desarraigo del joven rural.

GÉNERO: LA TRANSVERSALIDAD COMO UNA ESTRATEGIA HACIA UNA IGUALDAD REAL.

Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato.

• Para garantizar el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y garantías de las mujeres en condiciones de igualdad, proyectamos Crear mecanismos tendientes a que se prevean las necesidades y características específicas de las mujeres en todas las políticas públicas.
• Difundir una imagen la implementación de este Plan, cuyos aspectos principales son:
• social no estereotipada de las mujeres y avanzar en la concientización y sensibilización sobre los efectos de la discriminación de género.
• Favorecer la participación social, política y económica de las mujeres y su acceso a puestos de decisión.
• Revisar los contenidos curriculares y modalidades de la enseñanza a fin de incluir la perspectiva de género en todos los niveles, y eliminar todas las formas de discriminación y modelos que inciten la violencia o de jerarquía entre los sexos.
• Difundir los derechos de las mujeres y su efectivo goce y reclamo (acceso a abogados y formación de profesionales de la justicia y operadores jurídicos).
• Establecer las condiciones legales, sociales y laborales que permitan equilibrar la participación de las mujeres en el mundo laboral.
• Promover el acceso a la propiedad de la tierra, a los recursos financieros y a la capacitación para el desarrollo de actividades productivas
• Reconocer licencia por paternidad a ambos padres para cuidado de familiar enfermo; promover el reconocimiento de los diversos tipos de familias existentes (ej. monoparentales, ensambladas); generar servicios públicos que faciliten el trabajo doméstico relativo al cuidado de niños, enfermos y ancianos.
• Incluir las características y necesidades de las mujeres en los programas específicos contra el SIDA; garantizar el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; adoptar medidas para disminuir el alto índice de morbi mortalidad materna y mortalidad infantil.

Violencia contra las mujeres.

Para enfrentar esta problemática, proponemos:
• Sensibilizar, formar y capacitar funcionarios/as y personal que intervengan el tratamiento de los hechos de violencia de género sobre la problemática de violencia contra las mujeres.
• Transformar los planes y métodos de estudio y textos y programas de formación docente inicial y continua en todos los niveles, de modo tal que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y contribuyan a la eliminación de criterios discriminatorios al género y que alienten la violencia contra las mujeres.
• Propulsar en las distintas jurisdicciones la creación e implementación de servicios de apoyo integral e interdisciplinario (atención médica, jurídica, psicológica, refugios, etcétera) auxiliando a las mujeres víctimas de la violencia.

Enfoque de género a las políticas de seguridad ciudadana

Integrar el enfoque de género a las políticas de seguridad ciudadana como un eje transversal, de acuerdo con los siguientes principios:
1) Incorporación del género en su concepto más amplio en las estadísticas formuladas por el Ministerio de Justicia de la Nación, responsables provinciales y locales de la seguridad ciudadana, y las correspondientes a la Justicia Federal, nacional y locales, como una categoría imprescindible para la eficaz planificación de políticas públicas. Elaborar estadísticas, relacionadas con la frecuencia y modalidades de las distintas formas de violencia contra las mujeres y promover investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la misma.
2) Sensibilización de la sociedad, campañas para visibilizar prejuicios de género y violencia de género como conductas “socialmente aceptadas”.
3) Modificaciones de diseño urbano y no urbano, infraestructura y mantenimiento, transporte público, iluminación, entre otras, a fin de garantizar “ciudades seguras” para las mujeres.
4) Articulación de las instituciones públicas y privadas, tanto locales como nacionales, especializadas en prevención del delito y atención a víctimas. Ampliar y mejorar mecanismos de denuncia de hechos de violencia y reformar normas de procedimiento para que puedan dar una respuesta oportuna y eficaz

Diversidad sexual: el derecho a ser diferente

Comúnmente, quienes tienen una orientación o preferencia sexual diferente a la dominante, o expresan una identidad de género que no concuerda con el sexo asignado en su nacimiento, ven seriamente restringido su acceso a una ciudadanía plena. Para revertir esta situación, proponemos las siguientes acciones:

• Avanzar en la concientización y sensibilización en la temática con el fin de acercar una opinión pública crítica frente a esta forma de discriminación.
• Incorporar contenidos y prácticas en el sistema educativo, destinados a propiciar actitudes y valores favorables a la igualdad real de oportunidades y de trato de todas las personas, y sobre los efectos de la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.
• Fomentar y colaborar con los medios de comunicación para que presenten imágenes no estereotipadas y distorsionadas, y promuevan en cambio representaciones respetuosas, el derecho a ser diferente al modelo mayoritario y fortalezcan la autoestima.
• Permitir el cambio del nombre cuando el consignado en sus documentos no concuerde con su identidad de género y reconocer el derecho a controlar y cambiar el propio cuerpo.
• Facilitar el acceso de minorías sexuales a la información y orientación ocupacional, servicios, crédito y capacitación, especialmente de quienes cuentan con menos recursos sociales y personales para acceder al mercado de trabajo y establecer normas que sancionen la violencia laboral por condición sexual o identidad de género.
• Sensibilizar, formar y capacitar sobre derechos humanos y violencia contra minorías sexuales a efectores/as del sistema de salud y seguridad social; efectores/as del sistema educativo formal en todos sus niveles y del sistema educativo informal; jueces/zas, personal del servicio de administración de justicia; agentes de las fuerzas de seguridad y del régimen penitenciario, y de los/as demás funcionarios/as que intervengan en el tratamiento de los hechos de violencia.
• Desarrollar programas federales descentralizados junto a provincias y municipios, dando impulso a que en esos distintos niveles geográficos de Gestión del Estado se creen áreas de diversidad sexual.

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

Propendemos a la rehabilitación integral de toda persona con capacidad diferente, a fin de lograr el máximo nivel de desarrollo funcional. Impulsamos como ejes para alcanzar estos objetivos:

• Aprobación e incorporación con rango Constitucional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
• Sanción de una ley de Intangibilidad de los Recursos destinados al Fondo Permanente para el Financiamiento de Programas de Atención Integral para Personas con Capacidades Diferentes.
• Creación de la Defensoría Nacional de las personas con capacidades diferentes.

La cuestión normativa en discapacidad

Proponemos el diseño e implementación de un Programa Nacional para la Igualdad de Trato y Oportunidades y la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de Personas con Capacidades Diferentes, cuyos ejes principales serán el Monitoreo permanente para hacer efectiva la legislación actual que garantice la equiparación de la situación de desventaja y la Prevención de todas las formas de discapacidad y detección de aquellas situaciones de riesgo a producir una discapacidad.

Sensibilización para la no discriminación. Se llevarán a cabo campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:

• Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo percepciones positivas y una mayor conciencia social, así como el reconocimiento de sus capacidades, méritos y habilidades;
• Fomentando en todos los niveles del sistema educativo una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;
• Alentando a los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad ,
• Promoviendo programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.

Salud y asistencia social

• Se dispondrán programas específicos dentro de un plan de capacitación y asistencia integral de equipos de salud, a través de los cuales se habiliten, en los centros de atención primaria y en los hospitales, de acuerdo a su grado de complejidad y al ámbito territorial, calidad de atención, acceso a servicios de rehabilitación física. y a medicamentos específicos y de alto costo, la provisión de órtesis y prótesis así como a la asistencia integral de la persona con discapacidad como a su grupo de convivencia.
• Promoveremos la creación de talleres protegidos terapéuticos y se apoyará la creación de hogares con internación total o parcial para personas con discapacidad cuya atención sea dificultosa a través del grupo familiar.; se tendrán en cuenta las entidades privadas sin fines de lucro que vienen desarrollando la tarea.

Trabajo y Educación.

• Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
• Elaborar un plan que aliente las oportunidades de empleo y la promoción profesional en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; Promoviéndose oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;
• Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas operativas pertinentes, incluyendo programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;
• Monitoreo oficial en pos de dar efectivo cumplimiento a la normativa vigente, ocupando personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal.
• Disponer medidas normadas de cumplimiento efectivo para garantizar que en todos los casos en que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado Nacional, para la explotación de pequeños comercios, se prioricen a las personas con discapacidad que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades.
• Promoción del trabajo protegido. Programas de subvenciones especiales para la obtención de herramientas y equipamientos para la creación de talleres protegidos de producción.
• Se promoverá la labor de las personas con discapacidad a través del régimen de trabajo a domicilio.
• Se garantizará la inclusión e integración de las personas con discapacidad dentro de la educación formal asegurándose que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
• Implantar como lengua original del disminuido auditivo, el lenguaje de señas y facilitar la utilización del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares.

Transporte, Accesibilidad al medio físico y comunicación.

• Implementación normativa de penalizaciones tendientes a la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte en las obras que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad. No solo en el ámbito público sino también en lo privado.
• Se establecerá una dependencia específica federal -de rango y operatividad efectivo- dentro del organismo de contralor correspondiente que monitoree y garantice la accesibilidad a los servicios de transporte en todas sus formas de corta, media y larga distancia. Se garantizará el acceso a la información a través de los medios disponibles.
• Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad.
• Promoción a entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad
• Promover a que las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;

Vida Plena

• Reconocimiento del derecho de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
• Participación en la vida política y pública garantizando que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
• Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte facilitando el acceso a material cultural a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos adecuados.
• Se alentará y promoverá la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles.

Garantizar los derechos de los pueblos originarios.

• A pesar de la incorporación de múltiples derechos en la Constitución Nacional, la deuda histórica con los pueblos originarios permanece. Por eso proponemos:
• Procurar el cumplimiento efectivo de la ley Nº 26.160 y modificatorias, en virtud de la cual se podrá tener un conocimiento fehaciente de la situación dominial en materia de posesión y propiedad de la tierra, tradicionalmente ocupada por las comunidades indígenas originarias del país.
• Adjudicación y registro de la propiedad de las tierras que ocupan y trabajan, o trabajaron y ocuparon las comunidades originarias y de las que fueron desplazadas contra su voluntad; donde conste la inenajenabilidad e inembargabilidad de las mismas.
• Modificar la ley Nº 23.302 en lo relativo a la personería jurídica y a la propiedad de las tierras.
• Incorporar al Código Civil como persona jurídica pública a las comunidades y pueblos indígenas y uniformar las inscripciones que se hacen en todo el país.
• Crear los instrumentos necesarios que garanticen el cumplimiento por parte del Estado de los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los convenios internacionales a los que el país ha adherido.

Los derechos de las personas migrantes

Pretendemos avanzar hacia la elaboración de una política migratoria y leyes migratorias (complementarias y conexas), con una visión de equidad y complementariedad con el resto de las políticas públicas que estén vinculadas con el tratamiento de los migrantes y, el respeto de sus derechos. El concepto de política migratoria integral implica una visión global e integral del fenómeno.

Entre los puntos sustanciales de la política a desarrollar, se encuentran:

• Implementación de acciones que conduzcan a disminuir en forma significativa los costos económicos de los trámites de regularización para las personas migrantes.
• Reglamentación, bajo la convocatoria de las diferentes ONGs especializadas en la temática, de la Ley Nº 25.871 bajo los estándares establecidos por la práctica del derecho internacional de los derechos humanos.
• Ejecución de políticas públicas dirigidas a difundir e informar los cambios que la normativa dispone, a través de campañas de información y orientación sobre los diversos temas, así como la capacitación obligatoria a todos los agentes gubernamentales.

La reparación a los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y a los soldados conscriptos continentales

Proponemos otorgar un reconocimiento a los ciudadanos que en cumplimiento del servicio militar obligatorio de conscripción, fueron incorporados a las Fuerzas Armadas en defensa de la patria, durante el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña desarrollado en el período comprendido entre el 2 de abril y 14 de junio de 1982.

Será necesario para este reconocimiento que el Ministerio de Defensa confeccione un listado en el que se identifique a cada uno de los ciudadanos que cumplan con el requisito de haber estado en cumplimiento del servicio militar obligatorio y de haber sido incorporados a las fuerzas armadas durante dicho conflicto bélico, debiendo ser clasificados de acuerdo a las zonas establecidas en la ley 22.674, como así también de acuerdo a las áreas de incidencia operativa militares de todo el país.

Para la entrada en vigor de este beneficio será necesaria la promulgación de una ley que apruebe la propuesta que oportunamente eleve el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.

POLÍTICA DEPORTIVA

Principios y definiciones

La actual ley del Deporte, Nº 20.655, fue promulgada en 1974 y la autoridad de aplicación quedó en la órbita del entonces Ministerio de Bienestar Social. Entre sus objetivos estaba pensar al deporte como factor educativo y de esparcimiento, como factor de salud física y moral y como fomento a la práctica del deporte en competencias amateurs, federadas y profesionales. A más de 30 años de la sanción de la ley, no se han alcanzado sus objetivos ni tampoco se los ha actualizado. Por tanto, se debe definir el concepto de “deporte” y plasmarlo en una futura ley general orientada a:

• Estimular la formación de ciudadanos activos en la práctica deportiva
• Evitar que los ciudadanos se relacionen con el deporte sólo por medio de la TV
• Promover la iniciación deportiva temprana en la escuela y en los clubes de barrio y pueblo
• Fomentar la práctica variada de deportes
• Incrementar la inversión en la preparación de deportistas de alto rendimiento (Modificación de la Ley del ENARD)
• Orientar los recursos del estado en el desarrollo de nuevas prácticas deportivas
• Promover los valores de solidaridad, integración, participación y excelencia en la práctica deportiva.
• Ampliar los niveles de accesibilidad a las prácticas corporales durante toda la vida y en todas las edades hacia una real democratización de la Educación Física y la Salud.
• Los Clubes de Barrio en las ciudades y en los pueblos, históricamente centros de encuentro de menores y familia deben ser considerados con especial atención en el desarrollo de una planificación de propuestas deportivas y recreativas a la comunidad. El apoyo a estas instituciones deben ser bajo pautas de racionalidad y equidad evitando en este sentido el clientelismo que bajo el amparo de subsidios también ahoga a estas instituciones.

Cursos de acción

La Coalición Cívica identifica tres grandes nudos problemáticos en la política deportiva que deben ser abordados:

1) Democratización de los clubes, las federaciones deportivas, el COA y la AFA: Las instituciones deportivas argentinas adolecen, como los sindicatos, las provincias y las asociaciones empresarias, del problema que están permitidas las reelecciones permanentes. Esta realidad, combinada con el aumento creciente de los recursos públicos y privados destinados al deporte, permitió el enquistamiento de los dirigentes en sus cargos debido al manejo discrecional de esos recursos. El contrato de Fútbol para Todos, que administra más de $ 600 millones por año, y la ley de creación del ENARD, que administra unos $ 100 millones por año, son el ejemplo contundente de la forma de concebir el poder por parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, resulta indispensable impedir que toda asociación que maneje recursos del estado (AFA y ENARD) acepte las reelecciones de sus dirigentes.
2) Reformulación del Programa “Fútbol para Todos” y reorientación de los recursos a deportes amateurs y de alto rendimiento olímpico y paraolímpico. Se propone subastar los partidos entre los canales de aire (o un sistema similar trasparente), para que el contrato con la AFA no se pague con recursos nacionales. Esto generaría que los canales que compren los partidos para su trasmisión gratuita se financien con la venta de publicidad. Los recursos del estado nacional que hoy financian el Fútbol para Todos serán reorientados al deporte amateur y de alto rendimiento olímpico y paraolímpico.
3) Modificación de la ley Nº 26.573 del ENARD: A fines de 2009, el Congreso aprobó la creación del ENARD (Ley 26.573) con debate pobre y breve que impidió tomar recaudos en transparencia, alternancia en el poder e igualdad de oportunidades garantizadas por concursos públicos de antecedentes y oposición.

La Coalición Cívica propone la revisión de la ley del ENARD en cuatro aspectos:
a. Asignar por ley de presupuesto nacional un financiamiento genuino de $ 200 millones por año que salga de los gastos de Fútbol Para Todos y que se elimine el actual impuesto a los celulares.
b. Reconocer al COPAR (Comité Paralímpico) como socio fundador del Ente.
c. Obligar a las instituciones y a las personas a rotar en los cargos y en las funciones para impedir que se enquisten en el poder los mismos directivos durante décadas.
d. Abrir concursos de antecedentes y oposición para cubrir los cargos de directores técnicos y especialistas en ciencias aplicadas al deporte.

Otras propuestas deportivas

1) Desarrollar Centros de Mediano Rendimiento Deportivos Zonales que convoquen a las poblaciones locales en edad temprana para la práctica deportiva.
2) Incentivar políticas que aseguren la accesibilidad a las prácticas deportivas en grandes zonas urbanas de todos los grupos etarios, utilizando espacios públicos, plazas y polideportivos.