YoQuieroSaber

SEGURIDAD CIUDADANA

Entendemos por seguridad aquella situación de hecho en la cual se encuentran minimizados tanto los riesgos de ocurrencia de delitos como los niveles de criminalidad y violencia.

El Estado posee la responsabilidad indelegable de proveer y asegurar los niveles aceptables de seguridad pública| y protección a los ciudadanos –en lo referido a su integridad física, como también a su patrimonio-, siendo sus herramientas principales las políticas de prevención, la gestión de las fuerzas policiales y de seguridad y la administración de justicia penal. Dicha actividad debe desarrollarse en un marco de respeto irrestricto de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Pese a que los niveles de inseguridad con los que convivimos son inaceptablemente elevados, el discurso oficial insiste en negar la realidad cotidiana, y es nuestro deber abordar este flagelo y tomar la firme decisión de combatirlo.

Por ello, es necesario visualizar sus causas estructurales para poder evitar así un mayor desarrollo hacia modalidades delictivas más diversas y diseminadas.

Desde la Coalición Cívica afirmamos que el problema de la inseguridad tiene una de sus raíces más profundas en las condiciones de exclusión material y social, desigualdad de oportunidades, marginalidad extendida e imposibilidad de cubrir las necesidades básicas (salud, educación, vivienda, etc.) de amplios sectores de nuestra población. Una respuesta clara y eficiente al problema estructural de la violencia y la inseguridad generalizadas debe plantearse desde un abordaje multidimensional e integral del fenómeno, anclado en la perspectiva de los Derechos Humanos, y sin perder de vista la necesidad insoslayable de generar políticas públicas de inclusión social, redistribución del ingreso y las oportunidades.

Asimismo, entendemos que otra de las raíces de la inseguridad y los altos niveles delictivos es la impunidad de quienes infringen la ley, especialmente en aquellos casos en que la posibilidad de eludir el castigo coincide con los actores que detentan el poder político y económico. Debemos enfocarnos fundamentalmente, entonces, en eliminar la impunidad para las organizaciones criminales y los casos de corrupción.

El delito, incluso, se ha enquistado en las más altas esferas del propio Estado. En particular, la corrupción es uno de los delitos más graves que existen en una sociedad por el nivel de deterioro social que genera. En este sentido, altos niveles de impunidad implican una notable injusticia, menores incentivos para cumplir las normas y la consolidación de un mal ejemplo de éxito económico a través del delito.

Tenemos muy en claro que la inseguridad y la violencia son los principales males que enfrentamos, siendo evidentes los altos niveles de delito urbano así como el aumento exponencial de la violencia social y criminal. Esta situación socava la paz social y la estabilidad democrática y se ha convertido en una de las principales preocupaciones de todos los sectores de la sociedad. Creemos que corresponde enfrentar al delito y la violencia con propuestas concretas en materia de políticas públicas de seguridad, las que deben ser implementadas de inmediato. En otros términos: dejar la discusión solamente en la dimensión de la política social implica, en los hechos, desentenderse del problema. Tener un diagnóstico adecuado de las causas profundas y estructurales de los problemas que enfrentamos es un primer e ineludible paso para poder plantear una política de seguridad que tenga una orientación estratégica, y que no esté condenada al fracaso.

En ese sentido, tenemos la convicción que la urgencia y la gravedad de la situación actual ya no se puede corregir con medidas aisladas, declaraciones tan engañosas como estridentes y menos aún volviendo a épocas superadas de autoritarismo y militarización de la sociedad, aún cuando ellas se vistan de ropajes democráticos.

Tampoco se puede corregir la situación de inseguridad con medidas demagógicas, ficciones legales o acciones espectaculares, que finalmente identifican pobreza con delito y hacen que los sectores más pobres de nuestra sociedad no sólo sean los más desprotegidos sino que sean quienes pueblan las cárceles y las comisarías. Menos aún es admisible cuando el mismo Estado genera una situación de desesperación en millones de personas o destruye toda cultura solidaria y del trabajo, en particular en las generaciones más jóvenes.

La Coalición Cívica propone una alternativa estratégica y programática que de una vez por todas nos aleje de la alternancia, la liviandad y las contradicciones en materia de políticas de seguridad.

Las políticas de seguridad son una cuestión de Estado, por encima de las distintas banderas políticas. Su formulación y aplicación deben respetar consensos democráticos, sin subordinación a intereses sectoriales.

Los lineamientos generales de nuestra política de seguridad son los siguientes:

• Concebir la seguridad pública y ciudadana como Política de Estado.
• Promover un abordaje dirigido fuertemente a la prevención de la violencia y del delito.
• Adoptar un enfoque integral, que propicie cambios en el ámbito institucional (accionar interdisciplinario e intersectorial y coordinación entre los distintos niveles de Estado).
• Producir una modificación trascendente en la Policía Federal Argentina (real conducción de la gestión política, modernización, profesionalización, auditoría externa, sistema de ascenso por mérito, fortalecimiento del gobierno civil y sindicalización).
• Trabajar intensamente en dirección a eliminar los nichos de corrupción y la connivencia entre el poder político, la policía y la delincuencia.
• Mejorar la efectividad de las acciones tras la comisión de un delito (investigación, sistema de enjuiciamiento y de cumplimiento de penas, situación en cárceles y reinserción social)
• Propiciar la participación comunitaria en el diseño, la gestión y el control de las políticas de seguridad.
• Fortalecer las estrategias de lucha contra las organizaciones criminales.

Propuestas:

Se debe desarrollar una política enérgica de transformación institucional:

1. Pacto Federal por la Seguridad Pública y Ciudadana, estableciendo de común acuerdo con las Provincias los marcos presupuestarios, normativos y operativos para abordar simultáneamente en todo el país una política enérgica de alto impacto contra el delito y la violencia. Desarrollando el especial énfasis en las medidas de disuasión como patrullajes, prevención situacional y control de armas. Se realizará un amplio y exhaustivo inventario federal de los recursos -personal, equipamiento, capacidades- de las fuerzas federales y las policías provinciales.

Además, planteamos que ese primer tiempo debe contar con un Plan de Emergencia Inicial que actúe primordialmente sobre las tres principales zonas metropolitanas, mediante la concentración coordinada de recursos federales y provinciales en un plan común de patrullaje, prevención situacional, control de armas y programas de prevención primaria, dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

En una segunda etapa se obligará de manera clara y recíproca a los gobiernos nacional y provinciales a cumplir con metas y estándares aceptables de manera sostenida en el tiempo, tanto en efectividad como eficiencia. Este etapa del Pacto tendrá como órgano de aplicación permanente el Consejo de Seguridad Pública y Ciudadana.

2. Rediseño del sistema institucional y de gestión política de la seguridad pública y ciudadana, incluyendo la creación de nuevos mecanismos de coordinación y cooperación local, regional e internacional. Planteamos también la necesaria actualización de la ley de seguridad interior, que garantice una mejora sustancial en los niveles de seguridad, optimizando el funcionamiento y la estructura de las instituciones en materia de seguridad pública y ciudadana vigentes, e incorporando tres aspectos fundamentales: una coordinación eficaz y eficiente de todos los elementos del sistema de seguridad, las instancias de participación ciudadana y la incorporación de la prevención social de la violencia y el delito. En este rediseño supone la evolución del concepto de seguridad interior tradicional al de seguridad pública y ciudadana, que incluye una visión más amplia e integradora, que refleja el involucramiento de otros actores, acciones y resguardos vinculados con la participación comunitaria y la prevención tanto situacional como social.

3. Creación del Instituto Superior de Seguridad Pública y Ciudadana, que absorba las escuelas de cada uno de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales. La formación incluirá, además del entrenamiento físico correspondiente, la capacitación requerida para el desarrollo de las tareas policiales, incluyéndose en la currícula los estándares más avanzados, la perspectiva de derechos humanos y especializaciones en modalidad delictivas complejas y nuevas tecnologías.

4. Creación del Instituto Nacional de Información para la Seguridad, dirigido por personal especializado elegido por concurso y con un sistema de manejo de la información basado en una metodología transparente, conocida, con rigor científico y que no admita manipulación de la información. Este instituto será el pilar de una gestión profesionalizada de la información relacionada con la seguridad pública y ciudadana, que garantice la uniformidad en los criterios de recolección de datos estadísticos en todas las instituciones de seguridad, el establecimiento de un sistema federal de intercambio de información (para el aporte y consulta por parte de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires), la publicación de los datos de interés de la población en general y de los especialistas en particular, incluyendo encuestas de victimización y estadísticas vinculadas con la seguridad y el diseño e implementación de una estrategia de comunicación de las políticas públicas de seguridad pública y ciudadana.

5. Reorganizar y modernizar los elementos tecnológicos. Propiciamos la actualización de todo el equipamiento tecnológico de las instituciones de seguridad en general y, mediante instrumentos presupuestarios y contratos específicos con las provincias y municipios, serán impulsadas las estrategias asociativas en materia de instrumental tecnológico y capacitación para su uso.

6. Municipalización y revalorización de los programas de prevención, mediante un mecanismo de cooperación del Estado nacional que no reemplace la acción local, y de real participación ciudadana que no funcione como chivo expiatorio de las responsabilidades estatales. Para ello se requiere una fuerte política nacional para dotar a esos municipios de los instrumentos necesarios para hacerlo, un sistema de evaluación y seguimiento y un programa de transferencia ordenada de recursos.

7. Involucrar a la universidad pública. Entendiéndolo una contraprestación social de la inversión del Estado, involucrar a los estudiantes de Universidades Públicas -vía cátedras relacionadas o extensión universitaria- en opciones de participación ciudadana específica, en las que la formación universitaria sea requerida y valorada.

Proponemos incorporaciones en las comisarías de un “área de apoyo civil”. Para agilizar las tareas en lo que se refiere a constancia del estado físico de los detenidos, se propone por ejemplo la creación de un sistema de pasantías por el que los alumnos de los dos últimos años de la carrera de Medicina puedan ser incorporados como pasantes en las comisarías con el objetivo de que éstos puedan realizar la revisación médica sin que se tenga que esperar al médico forense. Adicionalmente, podrá haber un régimen de pasantías para los alumnos de los dos últimos años de la carreras de Derecho ó Trabajo Social, quienes podrían colaborar en las tareas administrativas dentro del “Área de apoyo civil”, (por ejemplo en la confección de los Expedientes de exposiciones o en la redacción de las denuncias de extravío), resultando actores importantes también en lo que hace al control de la actuación policial en dichos ámbitos.

Asimismo, considerando la necesidad de los aportes de la academia pública, planteamos como alternativa de contraprestación social la participación de estudiantes de diversas carreras a través de informes, recomendaciones o monografías centradas en el estudio y/o análisis de temas vinculados con la seguridad.

Habiendo determinado la relevancia de la prevención a través del accionar municipal en materia social es imprescindible la contribución de las diferentes universidades en el planteo del abordaje territorial concreto de esas tareas interdisciplinarias y en la capacitación de recursos humanos.

8. Completar el traspaso jurisdiccional y operativo de las funciones de seguridad de la Policía Federal a la Policía Metropolitana. No sólo permitirá mejorar el plan de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires, con efectos benéficos para toda la zona metropolitana y el resto del país, sino que facilitará también el rediseño y la reorganización de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad del Estado nacional, abocadas a las competencias estrictamente federales.

9. Traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con las funciones de seguridad, debe transferirse íntegramente la Justicia Penal Ordinaria. Engañosamente, se afirma que es factible el traspaso de la Policía, sin Justicia Penal. No es cierto. Ambas esferas deben ser transferidas, tanto por principios constitucionales, como por motivos de una gestión en el ámbito de la seguridad y el servicio de administración de justicia.

Esta iniciativa permitirá reorganizar la justicia penal federal bajo criterios modernos, que combinen medidas para dotar de eficacia a la investigación, sin menoscabo de las garantías individuales.

La Justicia Penal debe transferirse con su correspondiente estructura orgánica y con el respectivo presupuesto. Seguir transfiriendo competencias implica dejar a los Jueces Nacionales ociosos y hacer que la Ciudad tenga que crear Juzgados que ya existen, duplicando innecesariamente las estructuras, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía que solventa sus gastos.

10. Dictar una nueva legislación procesal y modificar la Ley del Ministerio Público, para que sean los/as fiscales quienes lleven adelante las investigaciones y tengan bajo su dirección a la Policía Federal de Investigaciones (como Policía Judicial).

11. Profesionalización de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales. La selección para los titulares de las fuerzas deben responder a criterios de excelencia y aptitud, requiriendo para su designación el acuerdo de la comisiones respectivas del Congreso y la implementación de un sistema que permita la participación de la sociedad civil. En cuanto a la conducción político-institucional, debe tomarse decisivamente la gestión de la seguridad pública eliminando el autogobierno de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad. Proponemos adicionalmente la creación de la Auditoría Externa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, la que será dirigida por un funcionario civil sin estado policial y cuyo personal será elegido por concurso de oposición y antecedentes. También la auditoría externa facilitará a la ciudadanía la posibilidad de denunciar al accionar del personal de las fuerzas policiales y de seguridad.

Respecto de personal con estado policial las tareas que realizarán serán acorde a su capacitación siendo desalentado que se dediquen a tareas burocráticas o administrativas que pueden ser cumplidas por agentes civiles.

Específicamente respecto de la Policía Federal se plantea una modificación de su ley orgánica de modo de establecer un nuevo régimen profesional que supere la tradicional diferenciación entre oficialidad y suboficialidad propia de organizaciones castrenses, y, por lo tanto, una sola carrera policial.

12. Creación de la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior, como organismo autárquico, que tendrá bajo su órbita un área de Investigaciones y un Cuerpo Nacional de Paz. En investigaciones, esta agencia tendrá como funciones: Agrupar y coordinar todas las áreas de investigaciones de las fuerzas federales sobre el crimen organizado; articular su acción con sentido federal con todas las fuerzas provinciales del país; administrar un nodo informático central conectado en red; elaborar el mapa delictivo referido a crimen organizado, con especial énfasis en narcotráfico, tráfico de armas, desarmaderos, contrabando y lavado de dinero. En su rol de seguridad interior, la agencia dirigirá un Cuerpo Nacional de Paz, integrado por efectivos de Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina; actuará como asistencia federal y policía de seguridad en las zonas más críticas; establecer contratos de seguridad entre la jurisdicción nacional y las provincias y los municipios y propiciar una reubicación geográfica y reordenamiento territorial de todas las fuerzas federales con asiento en el interior del país.

13. Optimizar el uso de los recursos institucionales de inteligencia y contrainteligencia criminal para la seguridad pública conducentes a la prevención del delito. Para una mejor planificación, coordinación, ejecución y auditoría se establece la diferenciación en dos organismos de las funciones de dirección (Dirección de Integración de Inteligencia Criminal para la Seguridad Pública) de las funciones operativas (Administración Federal de Inteligencia Criminal para la Seguridad).

14. Creación de la Agencia de Homologación y Control de la Seguridad Privada, la cual deberá cumplir con la tarea de habilitar a las empresas y a los agentes monotributistas que se dedican a la seguridad privada (llevando un registro), homologar las actividades de seguridad privada que desarrollan estas personas y empresas, ejercer su control, certificar las tecnologías que aplican, controlar el personal y el arsenal empleado por las empresas y agentes monotributistas que se dedican a la seguridad privada y auditar e inspeccionar. Asimismo, promoveremos la armonización normativa y esta agencia tendrá como función crucial establecer los lineamientos y contenidos mínimos de las reglamentaciones para el sector.

15. Desarrollar un sistema más estricto de control de armas. Además de desalentar la tenencia de armas a través de un programa de desarme civil proponemos intensificar el registro, control y seguimiento de armas de fuego, con especial énfasis en la implementación de una adecuada gestión de arsenales y la destrucción de excedentes tanto de armas como de municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

16. Promover la integración regional e internacional de la seguridad para combatir delitos globalizados tales como el tráfico de niños/as, la trata de personas, entre otros. En el ámbito ministerial pertinente se creará el programa observatorio de cumplimiento de tratados internacionales y binacionales en materia de lucha contra el delito trasnacional.

17. Incorporar a la agenda pública de seguridad una visión de clara prevención contra la violencia de género. Para mayor profundidad ver el tema en políticas de Género.

POLÍTICAS PENITENCIARIAS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.

En la vida cotidiana de la mayoría de los penales se registran condiciones de violencia y abuso, agravadas por el encierro y la superpoblación carcelaria.

El acceso a las drogas, las privaciones, los traslados repentinos, la inaccesibilidad a los servicios básicos, el maltrato, las violaciones a los Derechos Humanos, se repiten tanto en los penales como en las dependencias policiales y traslados. En definitiva, los procesados y condenados son sometidos frecuentemente a condiciones aberrantes que fortalecen el círculo violento del delito.

Los datos estadísticos permiten corroborar que los que entran al Sistema Penitenciario en su abrumadora mayoría son jóvenes, pobres, con bajos niveles educativos y sin trabajo.

Debemos evitar la reincidencia de quienes han sido condenados por un delito y han pasado por un establecimiento penitenciario. Este tipo de prevención “posdelictual” adquiere un papel central y debe ser el eje sobre el cual giren las políticas penitenciarias, las que, sumadas a una mayor presencia del Estado, brindarán al liberado la contención e influencias positivas necesarias para lograr su reinserción social.

Se trata entonces de redefinir las bases del sistema penitenciario: transparentar su gestión, desalentar las potenciales redes internas entre detenidos y agentes penitenciarios, cumplir con los beneficios que otorga la ley de ejecución penal y brindar una respuesta integradora a la sociedad y al ex interno que recupera su libertad.

Deberán propiciarse asimismo la prestación de servicios sociales básicos y recuperar el rol socializador del trabajo y la educación como instrumentos de reinserción social.

Proponemos:

1. Adecuar la legislación vigente y dar cumplimiento a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado, sobre los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones del encarcelamiento.
2. Dar definitiva sanción y aplicación al protocolo del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.
3. Asegurar el cumplimiento de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas; los Principios Básicos elaborados por la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos; el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; la Regla de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas
4. Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
5. Facilitar el sistema de visitas regulares a sitios de detención por parte de organismos nacionales como internacionales para controlar sus condiciones.
6. Impulsar la sanción de la Declaración de Principios sobre la Protección de las Personas privadas de libertad en las Américas.
7. Seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo, implementando una política integral que aborde la intervención estatal con un enfoque multidireccional.
8. Fortalecer la vinculación institucional entre el Servicio Penitenciario y la Procuración Penitenciaria sobre situaciones de afectación de derechos humanos de los/as internos/as y sus familiares.
9. Alentar la recomposición de los vínculos interior-exterior para la integración de los/as internos/as que cumplen una pena de privación de la libertad ambulatoria, trabajando con los servicios de orientación y atención social y psicológica, y/o de apoyo y contención espiritual, facilitando las visitas de ministros de las diversas religiones a los penales.
10. Promover la modificación de la Ley de Ejecución, con penas alternativas de prisión, como la prisión domiciliaria, prisión discontinua y semi-detención, prisión diurna, prisión nocturna, etc en los casos que lo ameriten judicialmente.
11. Adecuar el sistema de infraestructura carcelaria mediante un plan de construcciones penitenciarias, con el objeto de evitar la sobrepoblación carcelaria y mantener el adecuado estado edilicio de los institutos de detención.
12. Garantizar condiciones básicas de higiene y alimentación, evitar enfermedades producidas por el hacinamiento y prevenir y erradicar la violencia en las cárceles.
13. Asegurar el acceso a la educación, fortaleciendo los convenios celebrados con Instituciones Educativas de nivel secundario, técnico y universitario como asimismo con sectores de la cultura.
14. Promover el ingreso de los internos a la actividad laboral aumentando la cantidad y capacidad de talleres con que cuenta cada establecimiento carcelario.
15. Cumplimentar las recomendaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) respecto del impacto diferencial del encierro sobre las mujeres privadas de libertad, evitando abusos de género, amparar sus derechos, garantizar el acceso a los servicios de asistencia médica, los derechos sexuales y reproductivos. Fortalecer las disposiciones sobre no discriminación en el acceso a actividades educativas, formativas y laborales; y el acceso a las visitas íntimas y el contacto con sus hijos y con otras personas.
16. Garantizar el cumplimiento de los beneficios establecidos en la Ley de Ejecución para todos los internos por igual sin distinción de género.
17. Fortalecer el abordaje especial socio sanitario de atención en prisión para las personas que padecen V.I.H, y otros grupos desaventajados, en especial para la atención de las diversas patologías impulsando y sosteniendo que en todos los establecimientos se realicen seguimientos médicos de los portadores del V.I.H (siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no deben ser aislados sino integrados al resto de la población carcelaria).
18. Garantizar el cumplimiento del régimen de selección, incorporación, retribuciones, estabilidad, asignación de funciones, ascensos, retiros y pensiones del personal penitenciario, así como los requisitos de acceso para cargos de conducción de los servicios penitenciarios o correccionales y las jefaturas de sus principales áreas, generando un marco legal que corrija el
19. régimen de retribuciones bonificables y o remunerativas que conlleva a situaciones litigiosas al personal en situación de retiro o pensionados.
20. 18. Promover la formación y capacitación, brindada en los Institutos de Formación, en particular en materia de derechos humanos, de todo el personal que trabaja en las cárceles.
21. Ejercer la rotación del personal subalterno que está trabajando con detenidos y lugares adecuados de trabajo de los penitenciarios, considerando las particulares realidades geográficas, el desarraigo, el gasto del SPF, en la misma forma periódica que se realiza con el personal superior.
22. Fomentar un mayor control por parte de los/as jueces/zas de las condiciones de ejecución de la pena.
23. Erradicar el uso de la prisión preventiva como pena anticipada evaluando a qué tipos de delitos se aplicaría (gravedad).
24. Establecer medidas referidas al sistema disciplinario, entre ellas, la excepcionalidad del aislamiento y el cumplimiento del debido proceso en la aplicación de estas sanciones y sus posibilidades de apelación ante el Juez de ejecución.
25. Regular los registros corporales respetando la dignidad de las personas y garantizar el cumplimiento de estas normas dotando al servicio penitenciario de la tecnología necesaria, tal como scanners, y otros elementos no tecnológicos como perros preparados en todas las unidades.
26. Reformar la regulación de la prisión domiciliaria, ampliando los supuestos de manera que se conceda a quienes padezcan una enfermedad o discapacidad graves, a las mujeres embarazadas, y madres de un/a niño/a menor de cinco años o de una mismo persona con discapacidad a su cargo, teniendo en cuenta las modificaciones a formular a la Ley de Ejecución de Penas Privativas.
27. Incorporar legal y funcionalmente la DIP (Dirección de Inteligencia Penitenciaria) al sistema de Inteligencia Nacional.