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Desde la Coalición Cívica vamos a avanzar en el diseño y la inmediata puesta en marcha de los pasos necesarios para cambiar, a través de su diversificación, la matriz energética de la república. Diseñar hoy una nueva matriz energética entraña repensar la participación de las diferentes fuentes de suministro, con el propósito de poder avanzar en la sustitución paulatina de los hidrocarburos. Tenemos en este momento una dependencia de los hidrocarburos del 89,8% de la matriz energética, y hemos vendido nuestros recursos sin tener en cuenta que eran limitados. Hemos comenzado el triste camino hacia la importación de hidrocarburos (Gas desde Bolivia).

En cuanto a la energía hidroeléctrica, su desarrollo se basará en evaluaciones técnico/económico/ambiental de las represas que presenten mayor potencial, y que a su vez favorezcan el desarrollo regional de donde se instalen. Debemos priorizar la evaluación de proyectos según beneficios, con obras más pequeñas, de menor costo de construcción y generación de energía, reduciendo así el impacto en el ambiente. Además creemos necesario eliminar la direccionalidad a obras faraónicas decididas geográficamente por intereses políticos.

El uso de energía nuclear, se hará de manera responsable y obedeciendo -por sobre cualquier necesidad- la relación con el ambiente, y reforzando la seguridad de las plantas para proteger a los habitantes.

Las fuentes de energías renovables, tales como la eólica, solar fotovoltaica y la biomasa, se han ido desarrollando de manera sustentable en todo el mundo, y Argentina tiene las condiciones geográficas necesarias para que sea una potencia a nivel mundial. Nuestro país no puede escapar a dicho contexto internacional.

Dichas fuentes, contienen grandes ventajas, entre otras:

• Son abundantes, inagotables a escala humana;
• No emiten gases tóxicos, ni con efecto invernadero;
• Son fácilmente complementarias con otras fuentes de energía, como es la hidráulica en nuestro país;
• Aportan gran previsibilidad de costos, ya que más allá de la alta inversión inicial, tienen costos operativos bajos respecto a fuentes de energía tradicionales;
• Favorecen al desarrollo de economías regionales, ya que el recurso natural utilizable se encuentra distribuido en todo el territorio nacional.

Con respecto a la energía eólica, debemos aumentar el desarrollo conforme a los corredores de viento, estratégicamente ubicados en Patagonia, Comahue, Buenos Aires y Centro.

Nuestra meta es lograr que la utilización de energías renovables alcance el 20% de la matriz energética.

En este contexto, Argentina cuenta con oportunidades para el desarrollo de los agro-combustibles, de manera regulada y que asegure la producción para el autoconsumo, mercado interno y externo, la conciencia ambiental y una política energética responsable.

Se impulsará y fomentará el desarrollo de agro-combustibles de segunda generación (2G) elaborados a partir de mejoras en los procesos tecnológicos y materias primas que no se destinan a la alimentación y se cultivan en terrenos no agrícolas o marginales.

Las características de este desarrollo energético que proponemos es una producción de agro-combustibles planificada, controlada y auspiciada por los productores y el Estado Nacional, entendiendo que sólo deberán promocionarse pequeñas y medianas plantas de agro-combustibles, asegurando la asociatividad de los productores y fomentando el desarrollo local-regional.

Para el aprovechamiento de éstas fuentes, hace falta una planificación integral y balanceada del sistema energético argentino que contemple los costos y beneficios totales de cada una de las fuentes de abastecimiento y que permita la toma de decisiones en el largo plazo.

Todas estas propuestas, deben estar acompañadas de un marco jurídico y regulatorio que favorezca la realización de las inversiones necesarias.

Además, el esfuerzo de nuestro gobierno estará centrado en generar una conciencia social lo suficientemente importante para el uso racional de la energía. Será una norma de convivencia usar sólo la energía necesaria.

Por todo ello, La Coalición Cívica propone las siguientes medidas:

Medidas políticas

1) Exportación de crudo, derivados y gas, solo una vez cubierta la demanda interna.

2) Revisión del régimen de libre disponibilidad del 70% de las divisas de exportación.

3) Creación de un Cuerpo Estatal de Auditoria para relevar las reservas existentes de hidrocarburos.

4) Eliminación de los subsidios a la exploración y recuperación de áreas operadas indebidamente, particularmente aquellas en las que no se hicieron esfuerzos exploratorios y que cuentan con potencial de desarrollo (art. 20 de la ley 17.319).

5) Normalización del funcionamiento de los Organismos de Control (sobre todo ENARGAS y ENRE), y fortalecimiento con personal experimentado e idóneo.

6) Recuperación para la Nación de la función indelegable del planeamiento y control estratégico del petróleo y del gas. La crisis energética por agotamiento de los hidrocarburos, impone la necesidad imperiosa de contar con una herramienta idónea para conducir la transición, así como de recursos provenientes de la fuente que se agota, para financiar el advenimiento de la nueva matriz.

7) Establecer un plan de eficiencia energética, creando un agente capaz de promover el uso racional de la energía, haciendo foco en la educación y concientización en esta materia.

8) Creación del INEA (Instituto Nacional de Energías Alternativas) de modo de incentivar y promover el uso de energías alternativas privilegiando las propias del lugar, cuya misión fundamental será dar un real respaldo a proyectos de técnicos y científicos argentinos pertenecientes a empresas e instituciones oficiales y privadas que están esperando respaldo financiero de la Nación para desarrollar sus proyectos. Este Instituto será el encargado de financiar el desarrollo de parques eólicos y solares.

9) Replantear el esquema de subsidios cruzados (al transporte, tarifas, importación de energía, etc), ya que resultan ser una medida tan sólo para la emergencia, con alto costo fiscal y sin dar solución a ninguno de los problemas estructurales que enfrentamos. Esto debe conllevar a una revisión integral de tarifas, garantizando la tarifa social a amplios sectores bajo criterios socioeconómicos, geográficos, y de complementariedad de servicios. En caso de necesidad, aplicar subsidios a la demanda y no a la oferta.

10) Iniciación inmediata de las obras de infraestructura tendientes a diversificar la matriz energética.

11) El marco regulatorio debe incluir compromisos claros y sostenibles en el tiempo. Las reglas de juego deben ser estables. En concreto, el Estado debe recuperar y ejecutar correctamente todas sus tareas de control y auditoría sobre los privados que actualmente actúan o que eventualmente se incorporen al sector.

12) Fortalecimiento y recuperación de la Secretaría de Energía con atribuciones en planificación, condiciones para la concesión de yacimientos, etc.

13) Elaboración de un mapa de riesgo energético y de una planificación energética a 20 años que contemple un cronograma de inversión y desarrollo de la matriz delineada.

Legislación

1) Derogación de los decretos de libre disponibilidad de crudo para exportación, por su inconstitucionalidad que deviene de la violación del art. 6 de la Ley Nacional de Hidrocarburos Nº 17.319.

2) Derogación de la ley 26.154 que otorga subsidios para exploración a las empresas concesionarias, por gravemente lesiva al patrimonio del Estado Argentino y convalidatoria de la violación del art. 20 de la ley 17.319.

3) Actualizar con criterio moderno la Ley Nº 17.319, donde el Estado Nacional asegure el ejercicio de funciones centralizadas indelegables, la planificación estratégica a largo plazo y la fijación de una política única a nivel nacional.

4) Dictar leyes para generar mayor incentivo para la producción de energías renovables, como también generar una mayor producción de los biocombustibles.

5) Generación de un Plan Energético Nacional de largo Plazo, que contemple los puntos precedentes.

MINERÍA

Desde la Coalición Cívica analizamos la política de la gran minería llevada adelante por el gobierno nacional desde tres aristas distintas:

1) La Argentina ha comprometido seriamente su soberanía, respecto del manejo de los recursos naturales estratégicos y no renovables.

2) La Argentina incumple los principios básicos de preservación del ambiente, consagrados por la Ley N° 25.675, en tanto lleva adelante, una política de promoción minera absolutamente incompatible con los principios expresados por la norma violando tratados internacionales y donde la ecuación ambiental es claramente deficitaria. Estamos ante una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar, diferente de la minería tradicional. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de explosivos y sustancias extremadamente tóxicas como el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otras

3) La Argentina, ha dejado de percibir, una compensación económica razonable como concedente del recurso, al determinar que la percepción de regalías mineras en un 3% del valor denominado “boca de mina” del total del mineral extraído en su primera etapa de comercialización. Adviértase que este valor se reduce aún más, al descontarse los costos de extracción, molienda, refinación y comercialización, alcanzando un valor real de entre 1 y 2 %.

4) La actividad minera cuenta con beneficios económicos que ningún otro actor posee. Así, posee estabilidad fiscal por 30 años, está exenta del impuesto al cheque, tiene amortización acelerada de ganancias, deducción del impuesto a las ganancias, exención del impuesto a la ganancia mínima presunta, está exenta del pago de derechos de importación y sólo abonan entre un 5 y 10 % de derechos de exportación.

5) La megaminería en nuestro país se ha transformado no sólo en un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional. Resulta necesario generar conciencia del daño ambiental, institucional, económico y social que está causando la minería a gran escala en nuestro país.

En este marco de expoliación de los recursos naturales, desde la Coalición Cívica proponemos modificar el paradigma minero. Para ello, ya existen propuestas de la Coalición Cívica en el Parlamento Nacional:

1) DEROGACIÓN DE LAS LEYES DE PROMOCIÓN ECONÒMICA MINERA: Desde la Coalición Cívica proponemos derogar las leyes 24.196, 24.296, 24.228, 24.402, 25.161 y 25.429, que otorgan los beneficios y exenciones fiscales a la actividad minera que detallamos ut supra. Consideramos que este régimen, instalado en la década del 90, debe ser derogado, y reemplazado por un régimen que cuide el patrimonio natural y económico de los argentinos.

2) MODIFICACIÓN INTEGRAL DEL CÓDIGO DE MINERÍA: Desde la Coalición Cívica estamos convencidos que no puede sostenerse en los albores del siglo XXI un código de minería que fue concebido hace más de cien años. En ese sentido consideramos que debe ser modificado integralmente. Para ello, desde la Coalición Cívica hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que importa la modificación sustancial del mismo.

3) INCORPORACIÓN DE PRINCIPIOS AMBIENTALES AL CÓDIGO DE MINERÍA: Proyecto para modificar el Código de Minería, introduciendo y garantizando los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional en la actividad minera. El código de minería, una de las primeras leyes de nuestro país, aún contiene en su seno la concepción resarcitoria según la cual ante el peligro de daño ambiental prevalece la actividad minera. Creemos que esta concepción, que caracterizó al siglo XIX, debe ser modificada.

4) LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS AMBIENTALES PARA LA ACTIVIDAD MINERA: Desde la Coalición Cívica proponemos una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera en todas sus etapas. Consideramos que la protección del ambiente es un deber insoslayable del Estado, y por lo tanto, deben existir herramientas jurídicas que protejan el ambiente de una actividad que por su propia esencia trae aparejada daños ambientales.

5) ANULACIÓN DEL TRATADO MINERO ARGENTINO- CHILENO: Se impulsará la anulación del “Tratado sobre Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno”, verdadero símbolo de entrega de soberanía a los negocios de la gran minería multinacional. Este Tratado permite a las multinacionales mineras la exploración y explotación de los recursos mineros existentes en las zonas cordilleranas sin ningún tipo de restricciones, otorgando facilitaciones fronterizas inéditas. Expresamente se encargaron de sortear cualquier impedimento que existiera en las legislaciones internas de los países, relativo a las zonas fronterizas calificadas como de seguridad nacional. Increíblemente, su ámbito de aplicación se monta sobre la frontera común y territorios adyacentes, configurando una unidad territorial y administrativa distinta -casi como un tercer país-, con normativa y fuerzas de seguridad propias, donde la frontera desaparece para los negocios mineros, con una autoridad supranacional a cargo.

6) ZONAS DE RESERVA MINERA: En cumplimiento del mandato de desarrollo sustentable y de equidad intergeneracional, se establecerá que, los Estados provinciales y el Estado Nacional -con el consentimiento de las provincias-, podrán declarar zonas de reserva minera con el objeto de establecer áreas exclusivas de interés geológico y minero para el aprovechamiento de los recursos minerales por las generaciones futuras. Estas áreas, donde no se podrán realizar actividades mineras durante el transcurso que establezca la norma que la cree, quedarán como reserva minera para una futura y eventual explotación. Serán declaradas por ley, nacional o provincial, según sea el caso y su duración no excederá el plazo de veinte (20) años prorrogables.