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Las acciones específicas en materia de seguridad refieren a dos momentos diferentes: antes de que el delito se produzca, la prevención; y después de que el delito se haya producido, la persecución. Ésta última se compone de la investigación, la identificación de los autores, su apresamiento, el enjuiciamiento –acusación, defensa y pruebas-, la sentencia, la condena o absolución, y el encarcelamiento cuando corresponda.

En tal sentido, proponemos: brindar el marco necesario para hacer posible la cooperación interjurisdiccional de las fuerzas de seguridad; dar un enfoque integral de la seguridad pública; y establecer una Política Nacional de Seguridad Pública permanente y participativa.

Sin embargo, sabemos que, a la larga el camino más eficaz para contener el delito son las políticas sociales directas de educación, de salud, de empleo, de promoción de la igualdad de oportunidades. Más que el propio sistema penal, el camino más justo y efectivo para combatir el delito es la Justicia Social.

Y, entre las políticas sociales, hay una que merece una mención especial: la lucha contra las adicciones, la cual no debe confundirse con la lucha contra el narcotráfico porque corremos el riesgo de tomar a las víctimas –las personas adictas- como delincuentes. Por supuesto, debe haber una política de prevención para evitarlas. Pero a las personas que padecen adicciones hay que tratarlas brindándoles atención médica y psicológica, dándoles contención social y ayudándoles a recuperarse; mientras que a los narcotraficantes hay que combatirlos con todas las armas que da la ley.